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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, con la exministra Irene Montero

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, con la exministra Irene MonteroEuropa Press

La inútil política de Igualdad: ni el VioGén ni los dos mil millones gastados evitan los asesinatos de mujeres

Cada semana, especialmente los sábados y los domingos, se producen nuevos casos de crímenes en los que el atacante es la pareja o expareja de la fémina

Campañas, actos, plataformas, aplicaciones, puestos... Los recursos utilizados por el Gobierno en materia de Igualdad han sido muchos desde la llegada al poder de Pedro Sánchez. En concreto, si analizamos los datos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los diferentes ejercicios, desde que los socialistas accedieron al Palacio de la Moncloa a mediados de 2018 se han gastado aproximadamente 2.009 millones de euros en políticas destinadas a la igualdad.

Algo que, a la vista está, ha tenido un resultado nulo. Lo estamos viendo cada semana y, concretamente, cada fin de semana, en el que los asesinatos a mujeres ascienden. Solo este último han fallecido cuatro mujeres a manos de sus parejas o exparejas (en Buñol, Salou, Sabadell y Madrid) y la mitad de las muertas por violencia de género este 2024 se han producido entre junio y julio.

Si echamos un vistazo a los datos de los últimos años, vemos que en el 2018, año en el que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, fueron 53 las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que aumentó en el año siguiente (2019) hasta 56. En 2020 se produjo una ligera bajada hasta llegar a 49 víctimas mortales por violencia de género, cifra que prácticamente se calcó en 2021, con 48 asesinatos, y en 2022, con 49 de nuevo.

Unos datos que se vieron empeorados en 2023, año en que más mujeres han sido asesinadas de todo el período en el que ha gobernado Sánchez. En concreto, el año pasado, 57 mujeres han muerto víctimas de violencia de género, una cifra que supera a las 56 de 2019, primer ejercicio completo con el PSOE y Podemos en el poder. Asimismo, tendríamos que ir hasta el año 2015 para encontrar una cifra peor que la de 2023, ya que en aquel año se notificaron 60 asesinatos.

Este 2024, por desgracia, las cifras no están siendo nada halagüeñas. En lo que llevamos de año, y tras confirmar el Gobierno los cinco casos de este último fin de semana, 26 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y nueve menores han muerto también como consecuencia de la violencia vicaria. Del total de este año, más de la mitad de las víctimas, el 57 %, eran extranjeras, mientras que el mismo porcentaje de presuntos autores eran españoles.

La mitad de todos estos asesinatos se han producido entre junio y julio y una de cada tres en los últimos 15 días. Además, dos pequeños de cinco y siete años fueron asesinados el pasado 29 de junio en la provincia de Cuenca y 14 menores se han quedado huérfanos, según datos del Ministerio de Igualdad. Unas cifras que evidencian, una vez más, la ineficacia de las políticas de Igualdad y el fallo de los métodos para detectar y frenar la violencia de género.

El VioGén, herramienta inservible

La víctima de Buñol, Valencia, según fuentes cercanas a la investigación, se encontraba en el sistema VioGén, al igual que la de Cuenca de hace dos semanas, algo que ha hecho que se cuestione la eficacia de esta herramienta. El Gobierno, no obstante, ha salido rápidamente en su defensa. Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reivindicaron que el sistema VioGén «funciona y protege a 40.000 mujeres». Marlaska defendió que este sistema «es pionero, único en el mundo, y realiza una protección integral», aunque ambos ministros reconocieron que sentían «frustración, pero no desánimo» por los asesinatos de violencia de género y de violencia vicaria que se continúan produciendo.

En cualquier caso, tras los asesinatos de hace dos semanas en los que morían una mujer de 76 años en Fuengirola (Málaga) y de una mujer de 49 años y su hija de 20 en el municipio granadino de Zafarraya, Igualdad reconoció un «problema» de coordinación en la lucha contra la violencia machista.

Igualdad buscará «mejorar la coordinación»

Redondo, ha encabezado este lunes un minuto de silencio frente al Ministerio por los asesinatos cometidos este fin de semana, que de confirmarse, elevarían a 26 mujeres y 9 menores los casos mortales de violencia de género en 2024. «Hay que seguir reforzando toda la coordinación entre los ministerios, las comunidades autónomas y entes territoriales, pero no solo, vamos a empezar también a buscar la complicidad de los agentes sociales, de los agentes económicos, de toda la sociedad porque de lo que se trata es de aislar, aislar a los asesinos», ha destacado Redondo en declaraciones a los medios de comunicación.

Tras «un nuevo fin de semana muy negro para la violencia de género, para la violencia machista» el Gobierno está intentando con todos los medios paliar este enorme problema. «El fundamental problema de derechos humanos que tiene planteado nuestra democracia y nuestra sociedad», según Redondo.

Más denuncias por violación

Pero no solo los asesinatos han aumentado en estos últimos años. Mismo panorama si atendemos a las denuncias por violación en España. En 2018 se produjeron 1.700 infracciones penales registradas, un número que ascendió a 1.873 en 2019. En 2020 descendió algo, posiblemente por efecto del confinamiento por la pandemia, hasta las 1.596 denuncias.

Pero 2021 y 2022 han sido años récord. En el primero se notificaron 2.143 denuncias y en el segundo 2.870. Esto supone más de 1.000 infracciones penales más en 2022 que el año que Sánchez tomó las riendas del Ejecutivo. Es decir, otro aspecto más en el que las políticas de igualdad no han dado sus frutos.

Por tanto, España registró un aumento del 53,2 % de las agresiones sexuales con penetración desde 2019, según el Balance de Criminalidad que hizo público el propio Ministerio del Interior. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron en 2022 un 13 por ciento con respecto a 2021 y un 28,4 desde 2019, produciéndose 17.389 delitos. Una prueba más de que los recursos no han servido de mucho.

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