Prisión para el director y cuatro trabajadores de un centro de menores de Zaragoza por tortura y agresión sexual

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el director del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, Iván R. M., y para otros cuatro detenidos. Se les acusa de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal, perpetrados contra menores del centro.

Entre los detenidos, dos eran educadores y los otros dos auxiliares sin titulación. Los arrestados han prestado declaración ante la jueza y están siendo trasladados al Centro Penitenciario de Zuera.

Además de los cargos mencionados, la jueza considera que Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A. podrían ser culpables de agresión sexual a una menor.

Los autos dictados por la jueza indican que hay indicios suficientes para considerar a los detenidos responsables de los delitos imputados. Estas conclusiones se basan en los testimonios de dos menores denunciantes, un chico y una chica, quienes han relatado detalladamente episodios de maltrato físico y psicológico, así como abusos sexuales continuados, de los cuales el director era conocedor.

La jueza subraya la «despreocupación absoluta» del director respecto a la situación de los menores. Según los testimonios, desde su llegada al centro, el director no tomó medidas correctivas ni sancionó a los detenidos, a pesar de las quejas del personal del centro. Además, llevó a cabo una investigación parcial tras la denuncia de la madre de uno de los menores.

Estos testimonios han sido corroborados por la psicóloga del centro y el enfermero, a quien el director supuestamente pidió un informe falso sobre el estado de uno de los menores. La jueza considera que la actitud del director implica un incumplimiento grave de sus deberes como garante del cuidado de los menores y lo señala como cooperador necesario en los delitos contra la integridad moral.

Respecto a los otros cuatro detenidos, los menores denunciantes han descrito tratos degradantes, físicos y psicológicos sufridos de manera constante. Un menor relató haber sido obligado a permanecer de pie con los brazos en alto durante horas, privado de alimento y haber llegado a defecarse por miedo, sin que se le permitiera asearse. Mohamed B. continuaba estos castigos durante la semana, debido a la rotación del personal del centro.

La menor, por su parte, declaró haber sido insultada y agredida físicamente, además de sufrir quemaduras de cigarrillos en sus brazos y piernas. Estos abusos físicos se sumaban a otros de índole psicológica y sexual. La jueza ha constatado que la menor tiene diversas marcas de quemaduras en sus brazos.

La juez considera que estos hechos evidencian la extrema crueldad y barbarie sufrida por los menores, quienes se sentían desamparados y temían represalias mayores, además de creer que nadie les creería. Las declaraciones de las víctimas han sido corroboradas por informes forenses preliminares que reflejan lesiones compatibles con los relatos de los menores. Se realizará una exploración pericial y psicológica completa para precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas.

Paralelamente, la juez ha ordenado el cierre provisional del CAM, que operaba bajo el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), hasta el esclarecimiento total de los hechos. También ha decretado el cese de internamiento para cinco menores residentes y podría extenderse a otros nueve menores que se han fugado del centro. La jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores para determinar si han sido víctimas de las agresiones y/o abusos investigados y si sus fugas están relacionadas con estos hechos.

La investigación judicial comenzó tras las denuncias presentadas por los padres de un adolescente de 16 años y los de una menor de 17 años, ambos internos en el Centro de Menores. Como paso previo a la toma de declaraciones a los detenidos, la jueza ha llamado a declarar a los dos menores denunciantes, a la psicóloga, al enfermero del centro y a dos trabajadoras en baja laboral debido a los hechos investigados.