«Nadie sabe el miedo que se pasa», dice esta mujer que teme ser agredida de nuevo por su expareja, un hombre que se cambió de sexo y se inscribió como mujer en el Registro Civil. Este nuevo estatus permite al hombre continuar acosando a su expareja, que queda excluida de las ayudas de la ley de violencia de género.

En esta situación vive Rosa -nombre ficticio- cuya expareja y padre de sus dos hijos fue condenado a 15 meses de cárcel que todavía no ha cumplido y por la que ha pedido el indulto al Gobierno. La última vez que la agredió, afirma la víctima, fue hace poco más de un mes.

Ambos viven separados por unos 18 kilómetros, algo que no evita que él acuda a su casa para intentar agredirla, lo que ha conseguido en alguna ocasión. «Cuando llegué de trabajar estaba en el portal, y cuando abrí la puerta empezó primero con bofetones y luego con un puñetazo en el brazo», relata.

Dos chicos vecinos de su calle la socorrieron y llamaron al 112, que avisó a la Policía Nacional y al Teléfono de la Mujer. «Su intención era darme una patada y dejarme en el sitio», pero cuando llegó la Policía «decía que no se le podía tocar porque era mujer». Le acababa de agarrar por el pelo delante de los vecinos. El trauma para Rosa fue tal que al día siguiente se cortó la melena para intentar borrar ese recuerdo.

Denuncias previas

El abogado de la mujer, José Antonio Sires, del bufete penalista sevillano Sires Abogados, explica que ella rompió la relación hace cinco años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos a los que la sometió durante una década, hechos que fueron denunciados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En 2014 le fueron concedidas a la víctima varias órdenes de protección frente a su agresor, que quebrantó en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Ya había estado 18 meses en la cárcel por una condena anterior por malos tratos a otra pareja.

El 11 de septiembre de 2023, una vez que esa condena fue firme, un juzgado ordenó su ingreso inmediato en prisión, pero de momento la ha esquivado gracias a una petición de indulto al Gobierno.

Además, poco antes de recibir esa sentencia, el agresor registró formalmente su cambio de sexo. Por esa razón, cuando Rosa lo ha denunciado recientemente tras la última agresión, el Juzgado de Violencia de Género que llevaba el asunto se ha inhibido en uno ordinario porque entiende que ya no es competente.

Ley trans

La ley trans establece en su articulado que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la ley contra la violencia de género. Pero el caso es distinto si la agresión se ha producido después del cambio de sexo del maltratador, ya que sería juzgada como violencia doméstica.

A Rosa el cambio de sexo de su expareja la cogió por sorpresa. Como en el Registro Civil no se pide certificado de penales para solicitarlo, él lo pudo hacer sin problemas, y sin que la otra parte de la causa en la que está implicado fuese notificada.

«Me siento desprotegida cuando ves que no tienes protección, que llamas a la Policía y te dice que no se lo pueden llevar porque es una mujer, cuando te ha insultado, te está acosando y no pasa nada», lamenta.

Llama la atención sobre la solución que le han dado alguna vez, que pasa por la que tienen que adoptar muchas víctimas como ella: que se esconda. «¿Por qué tengo que cambiar yo mi vida, mi vida entera, por culpa de esa persona? Creo que no es justo».