Cabinas en los vestuarios y un protocolo: las herramientas de Madrid para proteger a las mujeres de los atropellos de la ley trans

Lo ocurrido en el SAMUR-Protección Civil, donde dos hombres que se han cambiado de sexo a mujeres en el Registro Civil están utilizando los vestuarios femeninos ante las quejas de las trabajadoras, ha dejado al descubierto, una vez más, las deficiencias de la conocida como ley trans del Gobierno de Pedro Sánchez.

A pesar de todos sus fallos, la legalidad vigente es la legalidad vigente y el Ayuntamiento de Madrid no tiene más remedio que aplicar esta ley. Por este motivo, tal y como recordaba este lunes el segundo teniente de alcalde, Borja Carabante, la dirección del SAMUR-PC debe permitir a estas personas utilizar los vestuarios femeninos.

Sin embargo, para tratar de enmendar algo la situación, de la que han dado cuenta las trabajadoras en una misiva dirigida a la dirección adelantada por el diario El Mundo, desde el Consistorio están elaborando un protocolo interno para «mejorar la gestión de esta situación y que todo el personal del servicio se pueda sentir más cómodo».

Además, en la renovación de los vestuarios que se estaban llevando a cabo, SAMUR-PC instaló 'cabinas pudendas' en cada uno de ellos para poder cambiarse con plena privacidad.

Estas son las precarias herramientas con las que cuenta el Ayuntamiento madrileño para hacer frente a la ley trans y proteger a las mujeres, en este caso del SAMUR, de las incomodidades derivadas de la laxitud que esta normativa permite a la hora de cambiarse de sexo.

Y es que, según denuncian estas trabajadoras, a pesar de ese cambio de sexo registral estos dos varones tienen apariencia de hombres y de ahí radica parte de sus molestias en los vestuarios.

La ley trans permite a cualquier persona, a partir de los 16 años, realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito. De tal forma, que se eliminan los requisitos que sí se exigían antes de la entrada en vigor de esta ley, el 16 de febrero de 2023, impulsada por el ex ministra de Igualdad Irene Montero. Estos eran un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.

Además, la ley permite que en seis meses una persona trans puede solicitar volver a su sexo original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo por tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez, quien dirimiría si hay visos de un fraude de ley.

Pero el caso de las empleadas del SAMUR-PC no es el único que pone de manifiesto los fallos de esta legislación. Uno de los más sonados fue el del Policía Local de Torrelodones (Madrid) que pasó a ser mujer para tener unas pruebas físicas más fáciles. Otro ejemplo lo encontramos este mismo mes de agosto, cuando ertzaina que intentó agredir con un cuchillo a su mujer y que se cambió de sexo en noviembre de 2023 para tratar de eludir a la justicia.

Desde la Comunidad de Madrid llevan tiempo advirtiendo de los peligros de la ley trans, sobre todo en casos relacionados con violencia doméstica, sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho caso omiso de las peticiones del Gobierno madrileño para modificar esta ley para evitar situaciones no deseadas.