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19 de septiembre de 2024

Vista general de las votaciones durante un pleno en el Congreso de los Diputados

Vista general de las votaciones durante un pleno en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

El PP celebra el acuerdo alcanzado con el PSOE para tramitar la ley ELA tras meses de parálisis

A partir de la entrada en vigor de esta norma, las personas enfermas de tendrán acceso a una supervisión y atención continuada especializada 24 horas

El Partido Popular ha celebrado la noche del lunes junto al PSOE, Sumar y Junts la tramitación definitiva de la Ley de Atención Integral de las Necesidades de las Personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tras meses de parálisis. El texto final llega después de que los partidos de Sánchez y Marta Lois rechazasen en numerosas ocasiones las peticiones del partido de Feijóo por sacar adelante esta necesaria norma.

Tal y como explican fuentes del PP a El Debate, el texto acordado se basa en las tres proposiciones de ley ELA presentadas en el Congreso de los Diputados por el PP, PSOE y Sumar y Junts, aprobadas por unanimidad, dando lugar a meses de conversaciones para acordar una única ley.

A partir de la entrada en vigor de esta norma, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las personas enfermas de ELA tendrán acceso a una supervisión y atención continuada especializada 24 horas y les será reconocida su condición de consumidores vulnerables, pudiendo optar al bono social al ser electrodependientes.

Según informa el texto acordado por los partidos, la ELA es una patología neurodegenerativa «a fecha de hoy incurable». La edad media de inicio se sitúa entre los 40 y los 70 años, siendo la enfermedad neuromotora «más frecuente de la edad adulta» y con una supervivencia de entre tres y cinco años a partir del diagnóstico. Esta afección, redactan, tiene una prevalencia estimada en el año 2021 de 6,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa alrededor de 3.000 personas, de las que el 55 % son hombres y el 45 % mujeres.

Al hilo, el Partido Popular recuerda que siempre ha priorizado en esta cuestión a los enfermos y sus familiares por «una cuestión humanitaria» y con el objetivo, entre otras cuestiones, de impedir «que se arruinen económicamente en el proceso de cuidados».

Qué se ha acordado en el texto

La ley permite la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia y se establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad en el caso de estos pacientes. Además, el documento afirma que también se considerará a todos los enfermos con ELA la discapacidad en grado igual o superior al 33 %.

También se contempla la mejora de la protección de las cuidadoras que se hagan cargo de personas en situación de dependencia con un Grado III. Por otro lado, los que acompañen y/o ayuden a grandes dependientes que se hayan visto obligadas a renunciar a su actividad laboral o profesional, serán consideradas colectivo de atención prioritaria para la política de empleo.

Asimismo, la norma impulsa la capacitación y especialización de los sanitarios en enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible como la ELA. Para ello, informan, el Gobierno desarrollará las acciones que resulten preceptivas para mejorar el abordaje integral y multidisciplinar de las enfermedades de alta complejidad.

Las disposiciones finales abordan modificaciones de determinadas leyes que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Entre ellas, destacan la modificación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para adecuar la prestación de atención especializada y la prestación sociosanitaria a los fines de esta; y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para agilizar la tramitación de la incapacidad permanente contributiva.

Por último, se rectificará el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica para incluir a las personas con electrodependencia entre quienes pueden optar al bono social eléctrico.

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