Barbón dice que oficializar el bable supondrá «oportunidades de desarrollo económico»

El Gobierno de Asturias aseguró este jueves que oficializar el asturiano y el eonaviego «abriría la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, cultural y económico». Lo hizo al manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para que ambas sean declaradas lenguas oficiales.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, anunció en mayo su intención de promover la oficialidad. Después de mantener una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios -con la excepción de Vox-, adelantó que llegaría hasta el final para conseguir ese objetivo. Los dos grupos que sustentan al Ejecutivo regional, PSOE y Convocatoria por Asturies-IU, además de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, presentaron una proposición para reformar el Estatuto.

Al tratarse de una proposición emanada de la Cámara y no del propio Ejecutivo, el Gobierno ha emitido criterio sobre la misma. A su juicio, no caben dudas y la regulación actual del asturiano y del eonaviego «es insuficiente», ya que, continúa, «coloca a ambas lenguas en una situación de inferioridad frente a otros idiomas cooficiales e impide aprovechar su potencial cultural y económico».

El Consejo de Gobierno entiende que con la reforma propuesta «se protegen los derechos lingüísticos de los hablantes de estas lenguas, respetando el pluralismo de la sociedad asturiana en línea con lo que determina la Constitución Española en su preámbulo: proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».

'Arrinconado'

Para el Ejecutivo, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que data de 1998, no garantiza el ejercicio de tales derechos lingüísticos. Como ejemplo, cita las dificultades a las que se han enfrentado varios ayuntamientos a la hora de facilitar el empleo del asturiano en la tramitación administrativa. También argumenta las lagunas existentes en el ámbito educativo «tanto para el alumnado como para el profesorado que imparte estas lenguas que, al no ser oficiales, no tienen reconocida su especialidad docente».

El Gobierno habla también de consecuencias económicas. Afirma que por no ser oficiales, el asturiano y el eonaviego se quedan al margen de programas europeos y tampoco se benefician de líneas de financiación para proyectos culturales, literarios o audiovisuales.

«Esto afecta gravemente la creación artística y la producción cultural, ya que muchas iniciativas no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse, lo que tiene un impacto directo en la publicación de libros, la producción de obras de teatro, cine y televisión, y la creación de música en las lenguas propias», añade el Ejecutivo.

La oficialidad, por el contrario, haría posible acabar con la «discriminación lingüística» de quienes hablan asturiano o eonaviego, permitiría la normalización en la educación, la justicia, la sanidad y la Administración, facilitaría el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo y contribuiría a la supervivencia de ambas lenguas al fortalecer «su presencia en el día a día», según el Gobierno del Principado.

Sin números

Con este pronunciamiento favorable del Consejo de Gobierno, el trámite siguiente será la toma en consideración de la proposición por parte del parlamento. Posteriormente, vendría su debate y votación. Para la reforma del Estatuto es necesario un respaldo mínimo de 27 diputados (tres quintas partes de la Cámara). Dada la composición actual de la Junta General, sólo saldría adelante si contase con el apoyo del PP, que ya ha dicho que no va a apoyar una medida que implique obligatoriedad.