¿Puede la sanidad pública absorber al millón y medio de funcionarios de Muface?

El tiempo corre y el problema existente con el concierto sanitario de Muface continúa sin resolverse. A poco más de mes y medio para que finalice el actual, los más de 1,5 millones de funcionarios siguen sin saber qué ocurrirá con su asistencia médica en el año 2025.

CSIF, el sindicato mayoritario entre la función pública, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el hecho de que las aseguradoras hayan comenzado ya a cancelar citas a los mutualistas ante la posibilidad de que no les puedan prestar esa asistencia. A la espera de una nueva licitación, muchos funcionarios se ponen en lo peor, el fin del acuerdo, y fijan la mirada en el futuro que se cierne: la posibilidad de pasar a la sanidad pública.

La gran cuestión es si el Sistema Nacional de Salud es capaz de asumir a ese millón y medio de servidores públicos en su seno. Aquí distan las opiniones de médicos, sindicatos y del propio ministerio de Sanidad. Este último, pilotado por Mónica García, publicó un informe en el que planteaba acabar con el modelo a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a los funcionarios al sistema público en nueve meses financiando los sistemas de salud de las comunidades con el dinero que se destina a la mutualidad.

Con esto, Sumar materializaría una de sus promesas electorales, que es terminar con Muface. Según explicaban, ya han diseñado un plan de transición que propone prorrogar nueve meses el actual concierto y, en ese impasse, ir incorporando progresivamente a los funcionarios en el sistema público. Una opción que las aseguradoras y los sindicatos tachan de inviable debido a que esta prórroga debería haberse licitado con al menos tres meses de antelación al vencimiento del concierto.

Óscar López, ministro de Función Pública, aseguró este martes que habrá una nueva licitación antes de que acabe el año y subrayó que la Ley de Contratos del Sector Público «protege a los mutualistas» y, por tanto, el servicio «se prorrogará mientras se resuelve la licitación».

«La sobrecarga sería enorme»

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, alerta en una entrevista con El Debate sobre la inmensa sobrecarga que supondría para el sistema público absorber a los funcionarios actualmente cubiertos por Muface, especialmente en una comunidad como Madrid, donde la proporción de empleados públicos es considerablemente alta.

Martínez-Sellés plantea una solución alternativa: implementar un modelo denominado «Muface directo». Este esquema consistiría en que la mutualidad pague directamente a hospitales y médicos privados, sin intermediación de las aseguradoras, y establezca un cuadro médico nacional. Desde el Colegio abogan por garantizar una atención sanitaria de calidad, ya sea pública o privada, y manifiestan su preocupación por el riesgo de agravar aún más la presión sobre un sistema de salud ya tensionado con la incorporación de millones de personas.

Por su parte, José Luis Alcíbar, representante nacional de médicos de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial (OMC), confía en que Muface y el Gobierno lleguen a un acuerdo con las aseguradoras antes de que la situación se agrave. Alcíbar destaca que la opción de elegir entre sanidad pública y privada que ofrece Muface es beneficiosa, ya que libera recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS), algo especialmente valioso dado el estado actual de saturación del sistema público. Además, subraya que en muchas ciudades pequeñas y medianas, como Ávila o Huesca, numerosas consultas médicas dependen de los pacientes de Muface para mantenerse operativas.

Sin embargo, Alcíbar critica que esta negociación, llevada a cabo de manera tan pública, ha generado incertidumbre entre los usuarios de Muface, quienes se sienten como «rehenes» de un proceso que afecta directamente su futuro sanitario. La falta de claridad sobre las soluciones que se implementarán para garantizar su atención médica crea inquietud en millones de personas dependientes de este modelo mixto de atención sanitaria.

1.000 millones al año

Según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Este escenario, según el estudio, implicaría un aumento significativo de las listas de espera: un 266 % en consultas externas y un 115 % para intervenciones quirúrgicas, según el informe analizado. En términos de infraestructuras, el sistema público requeriría 3.975 camas adicionales, lo que representaría un incremento del 3,8 % en la capacidad hospitalaria a nivel nacional. Este aumento sería especialmente complicado de implementar en ciertas provincias con limitaciones de recursos y espacio.

Asimismo, el informe señala que sería indispensable incorporar más profesionales de la salud, un desafío importante considerando la actual escasez de personal que afecta al sistema sanitario en general.

En cuanto al impacto sobre las aseguradoras, se prevé que estas experimentarían una reducción del 18 % en su facturación, mientras que los proveedores de servicios hospitalarios privados perderían alrededor del 8 % de sus ingresos. Estas pérdidas podrían provocar el cierre de numerosos centros, afectando especialmente a 19 provincias, la mayoría situadas en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, donde se vería drásticamente reducida la oferta hospitalaria debido a la migración de pacientes hacia el sistema público.