Las comunidades del PP piden a Sanidad que abandone el sectarismo en el asunto de Muface

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que deje de lado «el sectarismo y la ideología» en el debate sobre el futuro de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), una responsabilidad que corresponde al Ministerio de Función Pública.

En declaraciones a la prensa, Matute, quien intervino en representación de los consejeros de Sanidad del Partido Popular, destacó que, al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), los asistentes, sin importar su afiliación política, instaron a la ministra a concebir este espacio como un foro técnico para la discusión y coordinación de temas sanitarios, dejando de lado posturas partidistas.

La consejera subrayó la necesidad de que el Ministerio de Sanidad abandone la práctica de comunicar políticas mediante tuits y titulares mediáticos, pidiendo en cambio un enfoque más inclusivo y orientado al beneficio de todos los ciudadanos. «No es admisible que el Ministerio de Función Pública negocie sobre Muface mientras desde Sanidad se fomenta su desaparición, perjudicando a usuarios, profesionales y administraciones por igual», sostuvo Matute.

Asimismo, expresó el compromiso de las comunidades autónomas con la búsqueda de soluciones a los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS), respetando las particularidades regionales. Entre los temas prioritarios mencionó la mejora de los recursos humanos, el fortalecimiento de la Atención Primaria, la financiación del sistema, su sostenibilidad, y la equidad en el acceso a medicamentos y tecnologías.

Críticas al enfoque del Plan de Invierno

Matute también criticó el enfoque del Ministerio respecto al Plan de Invierno, calificándolo de «mantra vacío». Explicó que las comunidades autónomas ya cuentan con planes similares en funcionamiento desde hace tiempo, diseñados para proteger a la población durante los meses más críticos.

«La propuesta del Ministerio fue revisada por los representantes de Salud Pública de todas las comunidades y se concluyó que carece de base científica y no aporta mejoras significativas frente a los planes ya implantados», afirmó Matute, subrayando que la medida no cumple con los objetivos de protección ciudadana ni de reducción de la presión asistencial en los servicios sanitarios.

Registro de objetores al aborto

Respecto al registro de objetores al aborto, Matute expresó su desacuerdo, señalando que «no tiene sentido» y resaltando la importancia de proteger el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y no sanitario por motivos éticos, morales, filosóficos o religiosos. «Ningún profesional debe ser estigmatizado por ejercer este derecho ni por cumplir con la ley en los procedimientos relacionados», agregó.

La consejera recordó que la Ley de Protección de Datos protege la privacidad de los profesionales incluidos en registros de este tipo, permitiendo que sus nombres solo se divulguen bajo orden judicial. Además, afirmó que ningún sanitario puede ser obligado a realizar un procedimiento contra su voluntad.

Matute concluyó señalando que, incluso en el último momento antes de practicar un aborto o una eutanasia, un profesional puede acogerse a la objeción de conciencia, y recalcó que los derechos de los usuarios no prevalecen sobre los de los profesionales dentro del marco legal. «Es esencial garantizar el equilibrio entre ambas partes para mantener el respeto y la legalidad en el ámbito sanitario», finalizó.