Preocupación por la posible supresión de las ayudas al gasóleo agrícola: «Afectaría a los costes de producción»

En el marco de la COP28 celebrada las últimas dos semanas en Dubái, España ha firmado junto con otros 11 países la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles. Una decisión que pretende continuar con lo acordado en la cumbre del clima, que tras varios desencuentros entre los países petroleros y el resto, ha finalizado con la intención de que el mundo haga una «transición» para abandonar los combustibles fósiles.

Pero este posible fin de las ayudas a los hidrocarburos, del que todavía no se ha dado más detalle, puede afectar directamente a los trabajadores del sector primario, en concreto a los agricultores y a aquellos que se dedican al sector de la pesca. Y es que dentro de los combustibles fósiles encontramos la gasolina, el carbón, el gas y el gasóleo (A, B y C).

El gasóleo B, que popularmente se conoce con el nombre de gasóleo agrícola, es esencial para todos aquellos que se dedican a la agricultura, ya que se utiliza en la maquinaria agrícola e industrial. Actualmente cuesta hasta 30 céntimos menos por litro al estar subvencionado. De hecho, el propio Gobierno anunció el pasado mes de junio una ayuda directa para cubrir los costes adicionales que se produzcan en las explotaciones agrarias como consecuencia del incremento de los costes del gasóleo agrario.

En concreto, el importe de la ayuda asciende a 10 céntimos por cada litro consumido durante tres meses y a cinco céntimos durante otros tres meses, que se calculará teniendo en cuenta la media mensual realizado durante 2023.

Planas promete respetar al sector

Desde las asociaciones agrarias se muestran, de momento, cautos ante la ausencia de notificaciones por parte del Ejecutivo. Juanjo Álvarez, secretario de Organización de Asaja, explica a El Debate que no han recibido ninguna noticia, pero que en los próximos días se reunirán con ellos. Enfatiza, no obstante, la importancia y ausencia de alternativas para el combustible en cuestión: «El gasóleo B se usa para la actividad agraria, por lo que ha de tener alguna compensación debido a los incrementos de costes que tiene el sector».

La supresión de estas ayudas, según Álvarez, afectaría directamente a los costes de producción y podría repercutir también en el precio final de los alimentos y que, por tanto, sea también el consumidor el que termine pagando el pato. A pesar de no haber una alternativa clara ahora mismo, desde Asaja abren la puerta a soluciones más limpias para hacer funcionar la maquinaria agrícola.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, intentó «disipar cualquier preocupación» entre agricultores y pescadores sobre cualquier medida que se tome sobre los combustibles fósiles, tanto desde la Unión Europea (UE) como desde el Gobierno, al asegurar que se tomará teniendo en cuenta sus intereses.

«Hay que disipar cualquier preocupación: cualquier medida que eventualmente se adopte en el futuro por parte de la UE o del Gobierno de España lo será siempre en el respeto de la competitividad y de los intereses tanto de nuestros agricultores como de nuestros pescadores», aseguró Planas a su llegada al Consejo de Pesca que se celebró esta semana en Bruselas. Un escenario, por tanto, que queda abierto a la espera de la matización de esa medida anunciada por Teresa Ribera.