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Aerogeneradores en un parque eólico en Fuendejalón, con el monte Moncayo al fondo, en la provincia de Zaragoza

Aerogeneradores en un parque eólico en Fuendejalón, con el monte Moncayo al fondo, en la provincia de ZaragozaAFP

Polémica por la aprobación de 21 parques eólicos en Teruel que podrían suponer «la tala de dos millones de árboles»

Desde Teruel Existe destacan que arrasará las «casi 2.000 hectáreas que ocupa el proyecto» y denuncian «delito ambiental» y «tráfico de influencias»

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la construcción del llamado Clúster del Maestrazgo, que albergará 125 aerogeneradores al sureste de Teruel, en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. Se trata, de hecho, de la mayor actuación de energía renovable tramitada en España.

No obstante, tal y como informan los medios locales, como Heraldo, el Ejecutivo no ha querido anunciar ni dar explicaciones acerca de. esta aprobación ni tampoco mencionarla en la rueda de prensa posterior al Consejo debido a la fuerte oposición de los vecinos de la zona y de otros partidos políticos, como sus socios de Sumar o los regionalistas de Teruel Existe.

El Clúster superó en 2022 la declaración de impacto ambiental, aunque para ello tuvo que reducir su cantidad de molinos: de 161 a 125. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) tuvo que modificar la ubicación prevista de 36 de ellos para que se ajustaran a los criterios requeridos de compatibilidad ambiental, paisajística y de optimización del aprovechamiento del recurso eólico.

La superficie total abarca aproximadamente 71.500 hectáreas, con una distancia de unos 45 kilómetros entre sus extremos norte-sur y unos 30 entre sus extremos este-oeste. La instalación de los aerogeneradores requerirá el acondicionamiento de carreteras y caminos, lo que se traducirá en más de 58 kilómetros de accesos a los parques y más de 116 de viales dentro de los parques.

Tala de dos millones de árboles adultos

Desde el partido Teruel Existe han pedido este pasado jueves «frenar el ecocidio que se va a cometer contra el Maestrazgo», ya que que «puede suponer la tala de dos millones de árboles adultos y arrasar casi 2.000 hectáreas que ocupa el proyecto».

Su portavoz en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha señalado que este es un ejemplo de «cómo no debe ser el despliegue de las renovables» realizada para el aprovechamiento de una multinacional danesa y de «cuatro vendepatrias sin escrúpulos». «¿A quién beneficia esta destrucción del territorio? No a los turolenses, en Aragón se va a quedar el daño ambiental y el expolio del recurso, y para otros territorios será el desarrollo», ha afirmado. Guitarte ha subrayado que el «primer responsable» de esta situación es el PSOE aragonés.

«Hay una voluntad de tapar este asunto que tiene gran contestación social», ha manifestado, enfatizando que «la autorización de este Clúster del Maestrazgo ha sido uno de los objetivos prioritarios de los dos Gobiernos del señor Lambán» en unión con el PAR, y se ha destacado la «implicación profunda del PSOE de Teruel, cuyos máximos dirigentes actuaron como 'comerciales' de este proyecto», en contraste con «el PSOE de Huesca» que, por el contrario «han apoyado a muchos ayuntamientos a parar a Forestalia».

Por su parte, Vox también se ha opuesto a la construcción del Clúster denunciando los «desplantes incesantes porque al PSOE le importa un bledo Aragón». También ha criticado al diputado de Sumar al Congreso Jorge Pueyo (de la Chunta Aragonesista), quien este miércoles dijo que la medida le parecía mal y que esto tensaba al Gobierno. «Parece que a CHA y Sumar le gustan las poltronas, los sillones; si realmente están en desacuerdo con este ataque frontal a la provincia de Teruel, que se vayan y rompan el Gobierno», comentan desde el partido de Abascal.

«Irregularidades consentidas por el Miteco»

La Asociación Paisajes de Teruel ha afirmado que llegará hasta el final en su defensa del Maestrazgo. «La noticia no por esperada deja de ser frustrante para muchos. Todo el procedimiento ha estado marcado por las irregularidades consentidas por el Ministerio de Transición Ecológica, un nombre al que no hace justicia», han aseverado.

«En la presentación del proyecto ya faltaban algunos archivos y presentaba la documentación sin orden ni concierto, después, las alegaciones presentadas por esta Plataforma ni se mencionaron en la declaración de impacto ambiental (DIA) ni parece ser que fueron leídas, a pesar de ser un extenso argumentario preparado por expertos; en una fase posterior se añadieron 22 adendas y numerosas modificaciones que cambiaron el proyecto sustancialmente, pero no se inició un nuevo procedimiento, tal como dice la ley, y se redactó una DIA que parecía el trabajo de la consultora al servicio de la empresa».

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