Sánchez tampoco cumple con La Palma tres años después de la erupción: «Exigimos los 100 millones prometidos»

Hace tres años que las entrañas de la isla de La Palma comenzaron a escupir lava. Una situación que se prolongó durante 85 días, llevándose consigo la vida de un hombre y produciendo numerosos destrozos en infraestructuras, edificaciones y vehículos, además de al sector agrícola y al medio ambiente. El balance total de daños ascendió a 842,33 millones de euros.

Desmenuzando el alcance de los deterioros, 1.600 viviendas quedaron sepultadas bajo la lava y más de 300 hectáreas de cultivos desaparecieron, además de otros daños materiales que han provocado que los afectados perdieran sus bienes y sus poblaciones al completo. Y, a todo esto, las ayudas prometidas siguen sin llegar.

Desde la Asociación Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja comentan a El Debate que ahora se está empezando a pagar la compensación que el nuevo gobierno canario –formado por Coalición Canaria y el Partido Popular– prometió. Sin embargo, esta plataforma reclama al Gobierno de Pedro Sánchez 100 millones de euros que se les aseguró para el año 2024. Con esta suma, que el Ejecutivo central debe transferir al autonómico, argumentan que se podrán pagar las compensaciones por todas las viviendas habituales, así como todas las fincas rústicas y las segundas viviendas durante 2025 y 2026.

Entre el momento de la erupción y agosto del año siguiente, Sánchez visitó la isla canaria hasta en diez ocasiones, anunciando ayudas y subvenciones. Unos actos que pretendían mostrar su cercanía a los afectados y su compromiso con la tragedia, pero que no se ha traducido en ayudas reales. Los damnificados hacen balance enumerando las decisiones «desacertadas e incluso humillantes», como que en 2021 se tomara como referencia para las ayudas un Real Decreto previsto para inundaciones o terremotos, que las fijaba en 15.000 euros y que luego incrementaron hasta 60.000, cantidades «irrisorias» para los efectos de un volcán.

Igualmente, los perjudicados denuncian que continúan residiendo «hacinados» en viviendas contenedores «a pesar de que no cumplen con las condiciones mínimas legales de habitabilidad que requiere el Colegio de Arquitectos», ya que se trata de contenedores marítimos convertidos en infraviviendas que a día de hoy «son la mejor imagen del daño moral» que han sufrido.

A todo esto hay que sumarle que, según explica la plataforma vecinal, el gobierno canario anterior –formado por el PSOE, Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias– ocultó las grabaciones y las actas de las sesiones del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) celebradas en los días decisivos, en los que no se tomó la decisión de pasar el semáforo de amarillo a naranja a pesar de que la erupción era inminente, como relataron varias técnicas del IGN en sus comparecencias parlamentarias.

Exigencias de los afectados

Desde la asociación de damnificados comentan a este medio que desde este pasado mes de agosto se ha empezado a notificar a los afectados que perdieron sus viviendas habituales las compensaciones que van a percibir en virtud de las nuevas leyes aprobadas. Sin embargo, inciden en que la magnitud de la tragedia «es tal que aún queda un largo camino por recorrer».

Por ello, además de la exigencia al Estado de esos 100 millones que tiene que transferir a Canarias, instan a que se busque una solución urbanística en forma de compensación complementaria a todos aquellos terrenos que tienen más de 10 metros de espesor de lava, los que son objeto de protección cautelar y los que serán declarados en espacio natural protegido por su cercanía al volcán, ya que estos suelos quedan inservibles para la reconstrucción durante años.

«El volcán nos arrebató nuestras casas, nuestros callejones, nuestros patios, nuestras huertas, pero nunca nos arrebatará nuestra lucha y nuestra palabra», sentencian desde la plataforma en un comunicado.