El expresidente del Gobierno, José María Aznar
El Gobierno de Zapatero tumbó el Plan Hidrológico Nacional de Aznar que contemplaba obras en ríos y barrancos
Esta norma, que fue modificada por el Gobierno de Zapatero en 2004, incluía la construcción de un embalse en Cheste y obras en la rambla del Poyo
Los ingenieros de caminos: «Las únicas medidas efectivas son las presas o los encauzamientos de ríos»
Quince días después de la tragedia ocurrida en Valencia como consecuencia del desbordamiento de ríos y barrancos por las fuertes lluvias, continúa el análisis para depurar responsabilidades. Generalitat y Gobierno central se pasan la pelota para evitar asumir la culpa, pero todo parece indicar que todas las administraciones implicadas –Gobierno autonómico, Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)– han tenido que ver en este asunto.
El último en hablar sobre ello ha sido el expresidente José María Aznar, que este lunes reivindicó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aprobó su Gobierno y que incluía obras e inversiones en el sur de Valencia, como en el barranco del Poyo o la construcción de la presa de Cheste.
Aznar criticó al Gobierno de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, por derogar esta ley a partir de 2004, aunque en realidad los socialistas no hicieron tal cosa. Zapatero no lo derogó al completo, sino que modificó algunos puntos, como los que tenían que ver con los trasvases.
Los socialistas llegaron a anunciar la construcción de la presa de Cheste en 2004, pero nunca se terminó de llevar a cabo, ya que se descartó porque suponía un coste socioeconómico muy grande. Igualmente, Aznar recordó que su Gobierno aprobó en 2001 el Plan Hidrológico Nacional, con anexos de inversiones en cuencas como la del Júcar y obras en el margen izquierda del río Magro, así como modernización del canal del campo del Turia o la adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo.
Además, recordó que su PHN incluía la restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet, así como del barranco del Poyo, subrayando que era un plan necesario atendiendo al «interés general» aunque «le costase cuatro o cinco diputados» al PP de Aragón.
Según un análisis de la Fundación FAES, el PHN no enfrentó nunca una alternativa real de política hidrológica, sino, simplemente, «una negativa sectaria envuelta en pretextos supuestamente ambientalistas». Indican también que el anterior ejecutivo autonómico valenciano suspendió por decreto la licitación de la limpieza y ampliación del cauce del barranco del Poyo con el pretexto verde de una «recuperación integral de la huerta valenciana», lo que volvió a dejar la zona sin una actuación que pudiera haber mitigado los devastadores efectos de la crecida.
Desde este think tank creen que deberíamos haber «aprendido la lección», lo que debería significar ponerse «desde ya, manos a la obra; a la obra de actualizar y ampliar presas, canalizaciones y trasvases en todas las confederaciones hidrográficas, para que no se repita en el futuro lo que tardaremos todavía mucho tiempo en dejar de lamentar», inciden.
La presa de Cheste habría reducido los daños
El 3 de julio de 2004 el periódico regional Las Provincias recogía que el Gobierno socialista de Zapatero había anunciado la creación de una presa en Cheste (Valencia) como parte de un plan para «evitar riadas en 16 pueblos» de la provincia.
Según el texto, la Confederación Hidrográfica del Júcar presentó a 16 ayuntamientos y grupos ecologistas un plan contra riadas en el que se incluía la construcción de esta presa para mitigar efectos de inundaciones en la cuenca del Poyo. Estos municipios, calificados como «áreas de riesgo significativo de inundaciones», son: Alacuás, Aldaya, Catarroja, Cheste, Chirivella, Godelleta, Masanasa, Paiporta, Picaña, Ribarroja, Torrente, Cuart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia.
Muchos de estos pueblos son, precisamente, los que han sufrido la peor parte de las inundaciones de la historia hace dos semanas, por lo que de haberse construido esa presa podrían haber disminuido las consecuencias o haber ganado tiempo para evitar la masacre.
La CHJ ha asegurado que la presa finalmente se terminó descartando porque «suponía unos costes socioeconómicos muy grandes» y subraya «el poco impacto» que hubiera tenido su construcción en la mitigación de los efectos de las inundaciones, ya que hubiese tenido un volumen de 8 hectómetros cúbicos y el volumen total registrado en este evento en la cuenca del Poyo se estima en más de 110 hectómetros cúbicos.