Fichar con la huella digital ya no es legal y hay que volver al pasado

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado una guía que cuestiona la utilización de tecnologías biométricas y marca un cambio significativo en su postura anterior.

Justificar el uso de huellas dactilares o reconocimiento facial para el registro de jornada laboral ya no es posible. El informe que prohíbe su uso pone en peligro la viabilidad económica de las empresas especializadas en la fabricación e instalación de estas soluciones.

Protección de datos

Este giro en la postura de la AEPD tiene viene provocado por directrices que llegan desde Europa y chocan de frente con esta práctica. El control de jornada mediante sistemas biométricos fue respaldado por el Tribunal Supremo en 2007, y aseguró que «no era una medida excesiva». La llegada del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en 2016, definió los datos biométricos como «categoría especial», y la AEPD hizo un giro que permitió su uso al diferenciar entre «identificación» y «autenticación».

A pesar de esta interpretación, las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos de abril de 2023, desafiaron a la AEPD que se ha visto obligada a rectificar. Europa aseguró que tanto la autenticación como la identificación, al tratar datos biométricos, constituían un tratamiento de datos personales de categoría especial.

Tanto la autenticación como la identificación constituían un tratamiento de datos personales de categoría especial

La AEPD ha señalado el riesgo significativo en la privacidad al utilizar estos sistemas y ha confirmado que, de entrada, se consideran categorías especiales de datos, lo que implica que su uso está prohibido, salvo en casos específicos del RGPD como el interés público, sanitario o la seguridad pública. La solución no es clara, pero el informe aboga por la «intervención humana» para cumplir la ley.