Los historiadores en contra de la Ley de Memoria Histórica
Revisionismo histórico
Historiadores contra la nueva Ley de Memoria: «Es un atentado a la libertad y a la convivencia entre los españoles»
Denuncian la cantinela de la República «idílica», la «memoria incompleta», o la «abolición de la Historia» como pérdida de la identidad de España
Si una doctora en Periodismo y profesora de Historia del Periodismo y de Historia Contemporánea como Cristina Barreiro piensa que la Ley de Memoria Histórica de 2007 era «innecesaria», podría pensarse que la nueva Ley de Memoria Democrática propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que amplía la anterior, resulta insignificante (si no fuera grave) a pesar del bombo. Es como si Pedro, el del bombo, viniese marchando por la calle con su baqueta y su Ley, bajo el sonido de las trombonas de Carmen Calvo y los trompetos de Montero entre los malabares de Bolaños y los bailes de Iceta, mientras Lastra agita rítmicamente el bastón.
«Era un tema cerrado que se ha vuelto a abrir para crear unas tensiones que ya estaban superadas. Si en la Transición los propios protagonistas se dieron la mano, pensemos en Carrillo y Fraga, a qué tienen que venir varias décadas después con un tema cerrado. Al menos para la mayoría», opina Barreiro.
«Es la creación de un discurso único oficial de interpretación sobre una serie de hechos históricos que ensalzan a unas determinadas ideologías políticas», apunta José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU. Sube el volumen contra la fanfarria legislativa el profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Historia del Pensamiento en la UNED Pedro Carlos González Cuevas, quien opina que la nueva ley que se debate en el Congreso es «un atentado a la libertad intelectual y a la convivencia entre los españoles. El Estado no puede decirnos aquello que debemos pensar sobre la Historia, porque la Historia es ante todo interpretación, algo que sólo puede hacerse en libertad».
Es irónico que se quieran apropiar del término “democracia” cuando nunca la pusieron en práctica
Eduardo Mesa Gallego, coordinador del Instituto CEU de Estudios Históricos, piensa que «lo que intenta esta ley es perpetuar el mantra de que el Frente Popular logró crear una nueva sociedad perfecta y democrática. Perfecta no lo fue porque no se hicieron los cambios necesarios para España en esos momentos. Democrática desde luego que tampoco, ya que el socialismo y el comunismo en aquella época propugnaban la dictadura del proletariado, no un régimen democrático. Querían una España convertida en una nueva URSS. Es irónico que se quieran apropiar del término “democracia” cuando nunca la pusieron en práctica».
Como si se tratara ya de una batalla (desigual a pesar de las apariencias), la comitiva festivalera y concluyente del Gobierno frente a la Historia controvertible, siempre en movimiento como su misma Tierra, se une a su bando el profesor Luis E. Togores, catedrático de Historia Contemporánea, para quien la nueva memoria democrática «es una ley totalitaria que reprime la libertad en general con el insano propósito de crear una historia oficial, algo típico de los regímenes comunistas para justificar acciones políticas de ingeniería social del presente. Reprimir con multas y cárcel delitos de pensamiento para prohibir que gente libre pueda pensar lo que quiera, sentir admiración o simpatía por sucesos del pasado (que no pueden volver) es algo que en Occidente en el siglo XXI tendría que ser impensable. Esta represión es especialmente grave cuando permite acogotar la investigación y el análisis y estudios del pasado en el plano académico».
La nueva (des)memoria oficial y la cláusula del totalitarismo más favorecido, es el demoledor título del no menos demoledor y hondo artículo publicado en Cuadernos de FAES por el profesor de Historia Política y especialista en elecciones, partidos y vida política en la España de la Monarquía Liberal y la Segunda República, Roberto Villa, profesor titular en el área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos. Para él, la Ley que pretende aprobar el Gobierno es, simplemente (para empezar), «la abolición de la Historia como ciencia». Es la nulidad pretendida de facto en los manifiestos independentistas y afines, socios de este Gobierno, quienes, como anunció la ínclita Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pretenden hacer que cale la idea que merodea alrededor de su famosa y fantasmagórica frase: «Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas».
La izquierda y los nacionalistas quieren constreñir a esa ciencia incómoda en los estrechos márgenes de lo que llaman “memoria”
Bien se sabe que la devolución de las afirmaciones, el bumerán político, no es del gusto de las majorettes de la izquierda que avanzan, en el asunto que nos ocupa, unidas a los caricatos nacionalistas «para constreñir a esa ciencia incómoda en los estrechos márgenes de lo que llaman “memoria”», afirma Villa. Nada hay rescatable en la nueva ley para Togores: «Coartar la libertad y la investigación para crear una historia oficial es un crimen que debería estar penado. Siempre he creído que se debe perseguir, impedir los delitos de hecho, pero no de pensamiento y opinión. En el caso de los negacionistas del holocausto del III Reich siempre he pensado que no deberían ser castigados por la ley, pero sí deberían ser tratados por médicos especialistas en su enfermedad».
Una enfermedad que se extiende a ritmo de comparsa tenebrosa a pesar de los aires, «la manipulación de la historia y la represión sobre la investigación académica», como asegura Orella, que pisotea las libertades. «Un auténtico disparate, tal y como está diseñada y según los fundamentos ideológicos en que se basa, que parece dictado por Paul Preston y Ángel Viñas, dos pésimos historiadores», asegura González Cuevas, quien sigue: «Lo más negativo es que tiene por base lo que Tzvetan Todorov denomina “memoria incompleta”. Se identifica exclusivamente con uno de los bandos de la guerra civil y excluye al otro. En definitiva, intenta crear una especie de panóptico antifascista/antifranquista para vigilar a los disidentes de esta interpretación que se pretende hacer oficial, y que no es más que un conjunto de trampas y falsedades»; la misma dirección en la que camina Togores: «Siempre se habla de hechos concernientes a la Guerra Civil y la Dictadura. No se hace ninguna referencia a víctimas de “la República” o del Frente Popular».
La Guerra Civil y la Dictadura «son los “temas estrella” de la época contemporánea», abunda Orella, «la Guerra Civil ayuda a ensalzar la imagen de los vencidos y la dictadura es el periodo de formación de las condiciones de la actual democracia, su cambio de significado ilegitima nuestra actual democracia y abre cauce a un nuevo régimen (…) por eso no es una ley de conciliación, es una ley para dar una interpretación agresiva de victoria a “los vencidos”. No se puede visualizar que en una guerra civil hay buenos y malos. Hay víctimas de la represión en ambos lados».
Memorialismo
Barreiro considera que «se ha querido vender una imagen idílica de la República como un régimen de derechos y libertades cuando realmente no lo fue. Una cosa es lo que decía la Constitución de diciembre de 1931 y otra la realidad, en parte porque la propia legislación de la República limitaba el ejercicio de esas libertades. No hay más que ver las restricciones a la supuesta “Libertad de Prensa” tanto en el primer como segundo bienio. Y ya en el Frente Popular... Lo del “visado por la censura” era lo habitual entre otras cosas porque no había orden público. Uno de los principales problemas era la violencia social y la radicalización de los jóvenes, entre otros, que estaban muy politizados. Todos los partidos tenían Juventudes. Pero de “esa” violencia no se dice nada o poco».
«Los malos son los que se oponían a sus ideas», dice Mesa Gallego. «En su momento también lo fue la republicana Clara Campoamor, por mucho que ahora quieran reivindicar su persona como luchadora feminista. Para combatir al enemigo todo estaba permitido, desde la cárcel al asesinato. Es irónico que ahora, por ejemplo, hasta se pone en duda la función de las checas de Madrid o Barcelona, y no se admite que el Frente Popular y el gobierno republicano conocieron su existencia desde el primer momento».
En su artículo para FAES, Villa escribe que «para los memorialistas no existe la entente de Hitler y Stalin, el reparto de Polonia, la anexión soviética de las repúblicas bálticas, su agresión a Finlandia y Rumanía o el hecho de que la URSS implantara su modelo totalitario en Europa oriental». El memorialismo o «el deseo de los políticos de convertir la memoria en verdad histórica es la artimaña para manipular el pasado en beneficio de unos pocos», apunta Togores. «La memoria es parcial, subjetiva, acientífica y sustancialmente inexacta. Los historiadores la empleamos como una fuente más que, contrastada con otras muchas, nos ayuda a conocer la verdad histórica. la historia, como todas las ciencias, está en permanente revisión. Revisionismo, avance científico e investigación son sinónimos».
Lo de Companys fue un golpe de Estado y antes lo de Macià
«El memorialismo es subjetivismo, no ciencia histórica llevada por profesionales, por tanto, el efecto es un revisionismo político con claros objetivos de adoctrinamiento ideológico de tipo totalitario, que es donde surgió esta manipulación de la historia», añade Orella, en línea con el profesor González Cuevas: «El revisionismo es inherente al saber histórico. El saber es dialéctico. Se basa en la revisión permanente. Así lo ven historiadores prestigiosos como Renzo de Felice, Francois Furet, o Ernst Nolte. Precisamente, la Ley de Memoria Histórica impide la libre circulación de ideas e interpretaciones».
Advierte Barreiro de que no se puede entender nada «sin el nacionalismo, el campo y la cuestión religiosa». Un nacionalismo convertido en insaciable planta carnívora alimentada más que nunca por el gobierno actual. «Lo de Companys fue un golpe de Estado y antes lo de Macià», dice Barreiro. «Es el punto, junto a la revolución del 34, que remarcaría el carácter revolucionario de una parte de la izquierda y ayudaría a entender el apoyo social dado a los nacionales a partir del 18 de julio», incide Orella.
«También la sustitución de jueces a partir de febrero del 36. Falange se declaró ilegal y se detuvo a José Antonio por “tenencia ilícita de armas”. Pero en esa época era muy normal. Cierto que también se mandó a la CNT a la clandestinidad», recuerda Barreiro. «La Falange era de los “otros” y era una medida que se había aplicado en Francia sólo contra las ligas de derechas profascistas, pero los radicales del otro lado copaban al principal partido de izquierdas y al principal sindicato revolucionario, los cuales eran determinantes en la base social del Frente Popular», explica Orella, quien abunda: «Aunque la violencia política siempre partió de los partidos de izquierdas –los falangistas aplicaron el ojo por ojo– estos no fueron ilegalizados pues estaban en el gobierno o sostenían a los gobiernos. La excepción fueron los anarquistas que, según qué momento, vieron cómo les caía encima todo el peso de la ley».
Buenos y malos
Continúa Barreiro: «Había huelgas por doquier... ¡Hasta de toreros! Pero si el propio Ortega, que había sido desde El Sol uno de los impulsores del cambio de régimen en 1930/31, llego a afirmar: “la República es una cosa y el radicalismo es otra. Si no, al tiempo”. Y esto en diciembre de 1931…».
González Cuevas asegura que se pretende negar u ocultar que la sociedad española sufría entonces un intenso proceso revolucionario por parte de las izquierdas. «La izquierda española tiene su especificidad. En ningún otro país europeo tiene tanta fuerza el anarquismo. El PSOE no era un partido socialdemócrata o reformista, sino revolucionario, como se demostró en 1930 con la revolución de Jaca y Cuatro Vientos, y, sobre todo, en octubre de 1934. Además, estaban los nacionalismos periféricos, que apostaban por la secesión. Y un anticlericalismo criminal, que terminó en un auténtico genocidio eclesiástico. Algo que, en realidad, empezó en 1931 con la quema de conventos, que el gobierno no quiso atajar. Se silencia todo esto y se intenta comparar al bando nacional con la Alemania nacionalsocialista».
«Quieren una historia de buenos y malos. En el fondo quieren que la historia de España sea como un wéstern de los 50 o 60 o como La Guerra de las Galaxias. El bien contra el Imperio... lo que van a terminar provocando es que cada día Darth Vader tenga más admiradores. Han logrado que Franco, que tenía que ser una figura a estas alturas como O'Donnell, Prim o Zumalacárregui, sea un personaje vivo de rabiosa actualidad. ¿A lo mejor eso es lo que de verdad quieren?», se pregunta Togores.
La izquierda española pretende lavarle la cara a ETA
«No es aceptable (escribe Villa) lo que pretende la futura norma: hacer pasar la propaganda de uno de los bandos de la Guerra Civil como la versión oficial y obligatoria de nuestro pasado más reciente, y pretender que la causa que defendieron todas las organizaciones que formaron parte de él es idéntica a los principios y valores que inspiraron la Transición a la democracia y la Constitución de 1978. El franquismo no puede servir de pretexto para instituir con los recursos del Estado una mentira oficial: la existencia de una intachable adhesión a la democracia liberal, constitucional y representativa, a lo largo del siglo XX, de organizaciones como el PSOE, el PCE, la UGT o la CNT y los distintos partidos nacionalistas, y reducir nuestra tragedia de 1936 a 1939 a una lucha entre “demócratas” y “fascistas”».
Una ley que menciona la «incompatibilidad de la democracia con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial» en un país donde los asesinos de ETA son homenajeados sin problemas. Es como afirmar, en la laguna ominosa de la izquierda, que ellos sí son compatibles con la democracia. «La izquierda española pretende lavarles la cara. Ahí está para demostrarlo el libro de Nicolás Buckley, Del sacrificio a la derrota, publicado por la editorial Siglo XXI, en el que, entre otras sandeces, se dice que el régimen español actual, la democracia liberal, tiene componentes fascistas porque la Constitución de 1978 consagra la unidad nacional», dice González Cuevas. Orella opina que «se quiere inhabilitar la actual democracia, que proviene del aperturismo del régimen autoritario, para realizar una nueva democracia más acorde a sus ideologías. En ese caso, incluso la actividad terrorista de ETA se puede reinterpretar como una lucha radical contra el estado de cosas que la actual ley pretende derribar de forma pacífica. Los asesinos de ETA ya no serían los malos, y sus víctimas algo de culpa tendrían al ser asesinados por ellos».
«Los etarras son considerados hijos descarriados de aquellos que lucharon contra el franquismo. Estaban acertados en sus motivos, aunque no del todo en los métodos a partir de 1975, por lo que sus acciones son comprensibles, en cierta forma justas y perdonables. Los que hoy gobiernan se sienten más próximos a los verdugos que a las víctimas, ya que los asesinados en cierta forma se lo merecían por ser “fascistas o católicos” en 1936, o franquistas y opresores de la libertad durante el franquismo y la Transición», expone Togores.
«Quienes han ideado este proyecto de ley están claramente en contra de la identidad y de la existencia de España, por eso dejan que se produzcan esos viles homenajes. Además, y no lo olvidemos nunca, harán todo lo que esté en su mano por perpetuarse en el poder, aunque para ello ayuden a destruir uno de los países más antiguos de Europa», mantiene Mesa Gallego.
Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos como objetivo físico, simbólico y tradicional de la izquierda ocupa, cómo no, un lugar destacado en la formulación del proyecto de Ley. «La resignificación del Valle de los Caídos es un atentado contra un concordato internacional, por motivos propagandísticos, que eliminaría una abadía que reza por la conciliación y la paz, y su labor social, como la escolanía de niños que estudian allí con ayudas de la comunidad benedictina», observa Orella. «Es curioso cómo, al leer el proyecto de ley, uno puede darse cuenta del miedo atávico que tienen a la figura de los dos personajes que han estado enterrados en la basílica durante tanto tiempo», apunta Mesa Gallego.
«El Valle de los Caídos fue fruto de un proyecto de reconciliación nacional por parte de los vencedores de la guerra civil. Algo que ha sido deliberadamente malinterpretado por las izquierdas. Y que ahora pretenden una especie de venganza histórica», afirma González Cuevas. Una «venganza» que a Togores le parece un sinsentido: «Todos los monumentos son fruto de un tiempo histórico, de un momento concreto, y cambiarlos supone los mismo que hicieron los talibanes con Los Budas de Bamiyán hace 14 años, una burrada. ¿Por qué no quitamos la estatua de Espartero en la calle Alcalá o la de Martínez Campos en el paseo de coches del Retiro? Don Arsenio al final está allí por dar un golpe de estado y traer a Alfonso XII».
Toda la ley «nula de pleno derecho, indigente desde el punto de vista historiográfico, e inmoral desde el punto de vista ético-político», como sostiene González Cuevas, certifica, según Togores, que «la izquierda se ha quedado sin mensaje, sin modelos de sociedad ya que ha asumido que la sociedad capitalista, con matices, ha vencido. Dado que no puede ofrecer nada nuevo (como hizo Marx, Lenin, Trotsky...) han sacado el tema del machismo, el animalismo, el lenguaje inclusivo, la sexualidad y el revisionismo histórico sin base científica para medrar».
Ideas políticas que han fracasado en la realidad y que solo algunos iluminados y muchos oportunistas quiere recuperar
«Los nietos de los que combatieron nos quieren mostrar un pasado que no se ajusta a la verdad histórica y que justifica la existencia de partidos e ideas políticas que han fracasado en la realidad y que solo algunos iluminados y muchos oportunistas quiere recuperar», concluye Togores.
Los nietos que gobiernan España a golpe de bastón con forma de decreto, que legislan mientras marchan entre trombonas y trompetos, mentiras de desfile, y que llevan décadas vertiendo sobre los españoles «apelaciones sentimentales» por las que «nadie, a estas alturas, debería sentirse conmovido», escribe Villa, quien, como González Cuevas, también cita a un «inolvidable» Todorov, para quien lo consustancial a la vida en democracia es el derecho de los ciudadanos «a saber, y por tanto de conocer y dar a conocer su propia historia» sin que quepa a ninguna autoridad «prohibírselo o permitírselo».
