Iceta crea un archivo histórico que excluye lo que no sea «progresista»

El Ministerio de Cultura liderado por el ministro Miquel Iceta quiere custodiar «la memoria social» española, aunque como suele ocurrir con los gobiernos socialistas, una vez más el ejercicio de memoria es selectivo. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar el Real Decreto que crea el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que pretende no olvidarse de las masas indignadas que «han articulado diferentes dinámicas de reivindicación y activismo con proyección pública».

El archivo, de titularidad y gestión estatal, dependerá de la dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte y estará ubicado en Alcalá de Henares, a escasos metros del Archivo General de la Administración (AGA). Según el BOE, los gastos derivados de su creación serán atendidos con cargo a los créditos presupuestarios «sin que supongan incremento de gasto».

Feministas, ecologistas y LGTBI

En su introducción, el texto refleja cómo hasta mediados de 1950 ni historiadores, ni politólogos, ni sociólogos se encargaban de reflejar estas «manifestaciones no institucionalizadas de protesta», sino que, en todo caso, abordaban su estudio desde la perspectiva de la alteración del orden social o incluso de la delincuencia. Por ello, cuando se trata de definir qué movimientos sociales estarán incluidos en la recolección de documentos encargados por Iceta, el texto echa la vista atrás para establecer el ejemplo de estos movimientos sociales objeto de estudio: «grupos y organizaciones religiosas de carácter progresista, organizaciones de la emigración, organizaciones de mujeres y asociaciones feministas, grupos ecologistas y antinucleares, movimientos campesinos, objetores de conciencia, organizaciones juveniles y estudiantiles y otra serie de organizaciones como los consumidores, de lucha por los derechos humanos o por la igualdad, la diversidad y los movimientos de liberación sexual (LGTBI)».

Fuera de la ecuación quedan otros movimientos populares de vital importancia, como los que se dedicaron a luchar contra el terrorismo (en el listado de movimientos sociales de España se encuentran tanto el Foro de Ermua como ¡Basta Ya!), los movimientos en defensa de la familia, de la vida o de los valores tradicionales. También quedan fuera las organizaciones religiosas que no tengan ese carácter «progresista» que, por otro lado, no desarrolla el texto –cabe destacar aquí que la encíclica Rerum Novarum fue uno de los primeros documentos en establecer la protección de los obreros–. Sí estará recogida en el archivo la documentación incautada por la Policía del franquismo de las principales organizaciones políticas y sindicales de oposición al régimen dictatorial y que «constituyen testimonios irrefutables de la represión ejercida contra sus miembros».

Según Valentín Martínez-Otero, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, «el concepto 'movimientos sociales', a diferencia del movimiento obrero, no ha tenido nunca una definición unívoca, lo que ha llevado a aplicarlo con gran amplitud para los distintos fenómenos sociales cuyo denominador común es el carácter de 'movimiento', en el sentido de 'voluntad de transformación social'». Esta aplicación amplia parece verse reducida, sin embargo, por la fuerte carga ideológica que respira la creación de este archivo histórico.

El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales fomentará la investigación con perspectiva de género, y su Patronato también contempla la constitución de «una comisión para la recuperación, conservación y difusión del legado del movimiento feminista», a cuyas sesiones de trabajo acudirán representantes del movimiento feminista a propuesta del Instituto de las Mujeres adscrito al Ministerio de Igualdad.

40 años de antigüedad, con excepciones

La Ley del Patrimonio Histórico Español considera los documento de los archivos de las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y de las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado con una antigüedad superior a los 40 años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades como integrantes del patrimonio documental español, aunque salvaguarda la posibilidad de incluir cualquier otro que no llegue a esta antigüedad «en los casos en que merezcan dicha consideración».

Según los ejemplos que establece, podría estar incluido el movimiento del 15M, ya que cumple con los requisitos establecidos en la disposición inicial, y otros como la Marea Verde.