España, incapaz de trasladar el auge del empleo al crecimiento económico

A pesar de los buenos datos de empleo, que durante los últimos meses ha encadenado nueve descensos consecutivos, España continúa lejos de los niveles previos a la crisis en términos económicos.

La continua rebaja de previsiones, que desde la mayoría de los organismos nacionales e internaciones no han dejado de desautorizar el optimismo del cuadro macro del Gobierno, se suma a los datos que reflejan que nuestro país todavía está lejos de las cifras marcadas en 2019.

Uno de los que mejor reflejan el termómetro real de la economía española es el dato de comercio minorista. España es el único país de la eurozona que no ha conseguido recuperar el terreno perdido durante la crisis del COVID. En concreto, nuestro país está un 3 % por debajo de las cifras marcadas en octubre de 2019. El saldo dista mucho del registrado en estados como Francia (+ 10 %), Alemania (+ 6 %) o incluso Grecia, que en septiembre firmó un incremento de casi el 6 % de sus ventas minoristas, con respecto al mismo mes de 2019.

El principal motivo que explica la debilidad de nuestro poder económico frente al resto de miembros del euro se encuentra en la desconfianza del avance de la situación por parte de los españoles. Es decir, los ciudadanos no cuentan con ahorros para destinarlos al consumo o han optado por retenerlos ante una posible adversidad de sus finanzas. Es más, la confianza del consumidor en España continúa a la cola de los Veintisiete, producto de las dudas sobre el crecimiento del PIB y de una gestión de los fondos europeos más que cuestionable.

A ello, debemos añadir el problema generado por el alza del IPC, disparado desde el pasado mes de febrero. El índice comenzó a escalar desde el 0 %, al 5,6 % en el que podría haber cerrado en noviembre.

Esta espiral inflacionista ha generado un incremento de los precios que suponen un extra añadido a la ralentización del consumo. El otro gran lastre, lo encontramos en la crisis de suministros. No sólo ha provocado una crisis de stock en varios almacenes españoles, sino un encarecimiento de algunos productos derivado del aumento del coste del transporte.

Todo ello suma demasiado como para que la caída del desempleo –este sí por debajo de los niveles prepandemia–no consiga compensar las trabas que han ahogado el motor de la recuperación económica. Desde la Comisión Europea señalan a España como el último de los grandes países de la Unión en alcanzar la velocidad de crucero precrisis. En paralelo, ya se ha comenzado a debatir la reactivación del Pacto de Estabilidad que, aunque reformado, volverá a poner la lupa sobre nuestra política fiscal.

España comenzará 2022 con unos Presupuestos Generales del Estado demasiado vinculados a un crecimiento menor al esperado, y al desembolso del fondo de recuperación que la Comisión Europea liga a la batería de compromisos que el Gobierno debe desplegar a corto plazo. Uno de los tramos más importantes de esas ayudas europeas está, aún, por llegar. Los 12.000 millones de euros fundamentales para las cuentas de 2022 no se desbloquearán si el Ejecutivo no publica, antes del 31 de diciembre, una reforma laboral consensuada.

Consciente de ello, Moncloa ha virado su estrategia, y ha replanteado su postura en la negociación. El Gobierno presentará una nueva propuesta sin topes a la temporalidad a los agentes sociales. El objetivo es aprobar un texto firmado por patronal y sindicatos antes del último Consejo de Ministros, el 27 de diciembre. De esta manera, Sánchez busca el acuerdo con la CEOE para cumplir, así, con su compromiso, y poder desatascar el necesario tramo de ayudas que afiancen una parte de los planes del Ejecutivo.