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José María Rotellar

La competencia fiscal genera prosperidad

Las regiones que tienen los impuestos más bajos suelen ser las que tienen mejores servicios públicos. El ejemplo más claro es Madrid

Actualizada 10:36

El Gobierno está decidido a declarar la guerra a la capacidad normativa que tienen las Comunidades Autónomas (CCAA) sobre determinados impuestos cedidos por la Administración Central a las regiones, como en el caso de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Se empeña en decir que va a homogeneizar dichos impuestos, obligando a establecer un mínimo para que ninguna región pueda tenerlos bonificados al 100 % o en entornos similares.

Insiste en que la competencia fiscal a la baja deriva en recortes de los servicios públicos. De hecho, el informe encargado al comité de expertos insiste en ello. Se equivocan.

Al competir fiscalmente las regiones, se incentiva la buena prestación de los servicios esenciales, porque se prima y busca la eficiencia: poder hacer lo mismo con menos recursos o poder hacer más con los mismos recursos: eficiencia, en cualquier caso.

Con ello se pone de manifiesto quiénes gestionan mejor, es decir, quiénes emplean mejor los recursos públicos que provienen de los ciudadanos, de los contribuyentes, y quiénes no y tienen que emplear más recursos de los contribuyentes a base de subirles los impuestos o no bajárselos.

Esa es la realidad. Las regiones que tienen los impuestos más bajos suelen ser las que tienen mejores servicios públicos, porque la propia eficiencia hace que los servicios alcancen la excelencia.

El ejemplo claro se encuentra en la Comunidad de Madrid: tiene los impuestos más bajos de toda España –pese a no tener un régimen fiscal que le dé tanta capacidad normativa como el de las regiones forales– al emplear su capacidad competencial, la misma que tienen el resto de regiones de régimen común, para bajar impuestos.

De esa manera, Madrid tiene el menor IRPF, el menor Impuesto de Transmisiones, el menor de AJD (Actos Jurídicos Documentados), mantiene la exención del 100 % para el impuesto de Patrimonio, y mantiene también la bonificación del 99 % en los impuestos de Sucesiones y Donaciones.

Y con ello, no recauda menos, sino más que el resto: cerca de 1.000 millones de euros más que Cataluña, con dos millones menos de población y cinco puntos más de IRPF en la región catalana, y el doble que Andalucía en tiempos socialistas, donde el PSOE dejó el IRPF también en cinco puntos más que en la Comunidad de Madrid. Y recauda más porque crece más y genera más empleo, como demuestran los datos oficiales. Es decir, con la bajada de impuestos, genera prosperidad.

Bajar impuestos deja más dinero libre a los contribuyentes para que puedan decidir qué hacer con él, si consumir, ahorrar o invertir. Es decir, les deja más dinero para que puedan generar actividad económica y empleo.

Esa política de competencia fiscal y bajos impuestos agranda la prosperidad, porque aumenta la actividad económica y el empleo: se incrementa lo que se reparte.

Las políticas que propone el presidente Sánchez, que quiere acabar con esa competencia fiscal, no generan prosperidad, sino que se limitan a repartir lo que hay, sin aumentarlo y, en la mayoría de los casos, disminuyéndolo, al subir los impuestos. Es decir, en lugar de prosperidad genera escasez cuando no pobreza.

Las regiones que, como Valencia, se quejan de los impuestos bajos de otras (como los bajos impuestos de la Comunidad de Madrid), lo tienen muy fácil: que ejecuten la misma bajada de impuestos que la región madrileña, que se esmeren en gestionar mejor, y así conseguirán incrementar la recaudación gracias a los menores impuestos, y gastar menos y prestar mejores servicios gracias a la gestión eficiente.

Por tanto, la competencia fiscal no genera un deterioro de los servicios públicos, sino una mejora de los mismos, un aumento de actividad y empleo, que hace mejorar la recaudación, y, en definitiva, genera prosperidad para los ciudadanos, que es el principal objetivo que debe tener un gobernante, en lugar de querer incrementar el gasto de manera desmedida por oportunismo político y electoral, y en lugar de quejarse por lo que otros hacen bien en lugar de aplicarse y tratar de hacerlo mejor.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria

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