Y el nuevo paraíso fiscal será… ¿el País Vasco?

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas «se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio», es decir, salvo en el País Vasco y Navarra, un hecho que puede constituirles en regiones más atractivas para atraer patrimonios de grandes fortunas; más aún cuando ni PNV ni PSE tienen previsto activar ese impuesto, según ha contado El Correo.

La cesión de este impuesto ha sido una de las peticiones del PNV a lo largo de la negociación de los Presupuestos. Cuando se culmine, algo que podría cerrarse con su inclusión en la ley del Concierto que se lanzará con la renovación del Cupo, País Vasco y Navarra se convertirán en las únicas comunidades autónomas con competencias plenas en este impuesto. La posible cesión coincide con el debate en el País Vasco sobre la posible supresión del Impuesto de Patrimonio.

Las regiones se convertirían de este modo en una nueva opción para los grandes patrimonios que están planteándose deslocalizarse en 2023 ante la llegada a España del nuevo impuesto. Hasta ahora Portugal, Andorra e Italia eran los destinos más atractivos. El hecho de que País Vasco y Navarra estén dentro de España facilitaría la tarea. De hecho, País Vasco y Navarra han sido tradicionalmente refugio de grandes fortunas; entre otras cuestiones, porque allí no se pagaba el Impuesto de Sucesiones. El terrorismo hizo que muchas grandes fortunas huyeran de allí, y probablemente ese recuerdo pese en los propietarios de grandes patrimonios, más aún cuando no está claro si Bildu adoptará una postura mas civilizada o más amenazante.

Desde el Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF) han confirmado a Vozpópuli que las grandes fortunas se librarán de pagar si el impuesto no se aplica en el País Vasco. Allí el mínimo exento es de 700.000 euros en Guipúzcoa y de 800.000 en Álava y Vizcaya. Las tarifas son de entre el 0,2 % y el 2,5 % en Álava y Guipúzcoa y de entre el 0,2 % y el 2 % en Vizcaya, de modo que quedan algo mejor que en las demás regiones. Los patrimonios de menos de 3 millones pagarán menos que en Andalucía y en Madrid.

El nuevo impuesto afectará sobre todo a los mayores patrimonios. Según los cálculos del REAF, quienes tienen más de 40 millones abonarán 1,15 millones en Cataluña, Murcia, Cantabria, Galicia, Andalucía y Madrid. Los patrimonios de 15 millones solo experimentarán novedades en Madrid, Andalucía y Galicia, que aun así pagarán menos que el resto. Los de 4 millones se verán afectados en Madrid y Andalucía: de no pagar pasarán a abonar 5.100 euros.

El Gobierno pretende con el nuevo impuesto armonizar los impuestos en todo el territorio común. Las Haciendas Forales quedan, sin embargo, fuera de esta armonización. Más que autonomía fiscal, tienen soberanía fiscal, una de las más elevadas de la Unión Europea. Hasta ahora su negociación con el Estado se ha traducido en la misma estructura impositiva de España, pero el impuesto a las grandes fortunas es nuevo, y ahí reivindican su soberanía fiscal para que no se les imponga. En ese sentido, expertos en la materia estiman que su demanda puede ser razonable.

Otra cuestión es que eliminen Patrimonio: «Se convertirían en lo que reprochan a Madrid y tendrían una ventaja competitiva frente a otras comunidades autónomas», sostiene un abogado.

El mismo abogado, que prefiere permanecer en el anonimato pero sigue muy de cerca la materia, piensa que aún es pronto para obtener conclusiones sobre la cuestión del País Vasco, ya que tendrá que negociarse. El panorama, no obstante, hace verosímil la hipótesis de que se convierta en un paraíso fiscal. Si efectivamente se confirma y los grandes patrimonios se van hacia allá, tardarán un tiempo en volver. Las demandas que se están poniendo ahora contra el impuesto de las grandes fortunas no se resolverán al menos hasta dentro de tres años.

Una ventaja más tras el Cupo

Las ventajas que supondría para el País Vasco recuperar a las grandes fortunas se añaden a las que recientemente han obtenido con la negociación del Cupo vasco. El Gobierno español acordó con el vasco el pasado 17 de noviembre fijar este Cupo en 1.472 millones de euros anuales durante el periodo 2022-2026: es la cantidad que supuestamente pagará el País Vasco al Estado español anualmente por los servicios que le presta en su territorio.

Para el catedrático Mikel Buesa, «la cuantía que sale del cálculo falso que se hace del Cupo vasco y que luego se publica en el BOE, tiene una importancia menor, porque luego se van haciendo ajustes y en los últimos años se ha rebajado casi a la mitad».

Para Buesa lo importante es que se mantiene sin ningún cambio el sistema de Cupo, sobre todo el 6,24 % que los vascos dicen representar sobre la economía española desde que se estableció en el año 1988. Según explica el catedrático, la fórmula que se utilizó fue la raíz cuadrada del producto de la participación del País Vasco en la Renta y en la población española. «Si aplicáramos ahora esa fórmula, el País Vasco estaría en el 5,3-5,4 %. Se les transfieren muchos millones sin motivo alguno», señala.

Por poner un ejemplo, Buesa indica que se les destinó el 6,24 % de los 3.000 millones presupuestados para el Ingreso Mínimo Vital (IMV): «Suponen unos 188 millones de euros, pero el gasto del IMV en el País Vasco, donde hay menos pobres que en otras regiones, fue de 90 millones. Se embolsaron casi 100 millones para dedicarlo a sus políticas nacionalistas, clientelares, y no a las personas con menor capacidad económica».