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Rafael del Pino se ve obligado a coger las maletas por el bien de la empresa que preside.

Rafael del Pino se ve obligado a coger las maletas por el bien de la empresa que presideLu Tolstova

La semana económica

Ferrovial es la primera gran empresa española que se va de nuestro país, ¿pero será la última?

Depende de lo favorable o no que sea el clima para crear negocios y empleo

El anuncio de la salida de España de la sede social de Ferrovial ha traído varias conclusiones interesantes. La primera es la evidencia de que las empresas no están bajo la bota de Sánchez y su Gobierno, como le gustaría a ellos. No hacen lo que su Ejecutivo les manda, sino lo que estiman más oportuno para el beneficio de sus accionistas, como ocurre en cualquier compañía privada.

La segunda es el argumento sorprendente, empleado básicamente por políticos de izquierda, de que la compañía se va para pagar menos impuestos, cuando el año pasado abonó solo 9 millones de impuesto de sociedades en España (lo que les marca la ley). El tipo es prácticamente el mismo en los Países Bajos y cualquier fiscalista mínimamente formado sabe que aquello no es un paraíso fiscal.

Ferrovial se va porque cotizar en Ámsterdam les facilitará hacerlo en Nueva York, al pertenecer ambas Bolsas a NYSE (New York Stock Exchange) Euronext. Con ello les será más fácil acceder a los inversores internacionales que financian sus ambiciosos proyectos a nivel mundial, una base que necesitan ampliar, y además quienes ponen dinero por ejemplo en sus autopistas americanas no tendrán que pagar las comisiones que abonan en España por sus operaciones financieras.

Junto con eso, la compañía se va por la falta de seguridad jurídica que le ofrece nuestro país y el clima poco amigable que hay para las empresas. La falta de seguridad jurídica viene dada por los cambios constantes en las leyes y la introducción de nueva legislación, algo que dificulta a cualquier empresario el tener un escenario previsible en el que desarrollar sus negocios.

La pregunta que se hacen muchos es si este puede ser el primer caso de muchos. Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), con una experiencia amplia en fiscalidad internacional, tiene claro que «la seguridad jurídica en España no pasa por su mejor momento». «En Países Bajos es mayor, y ha acogido tradicionalmente a las empresas mejor que nuestro país», añade. En su opinión, con este clima que se ha creado, «puede pasar que algunas empresas no se instalen en España, y que muchas personas con un patrimonio elevado que venían aquí a jubilarse por nuestro buen clima, tampoco acudan por la presión fiscal».

Así es el panorama que está quedando en España, y al que el Gobierno y los partidos de izquierda están tratando de sacar partido electoral con su clásico mensaje de toda la vida: el odio al burgués del que ya hablaban Lenin y Stalin que acaba en hambre y miseria, porque como todo el mundo sabe, quien crea empleo y riqueza son los empresarios, no quienes desde el idealismo sin base real van hundiendo los países y las vidas de sus ciudadanos. En las manos de los españoles está entregarse a esa fantasía que lleva al precipicio o empujar a los gobernantes a que sean capaces de entenderse con los empresarios y lleven al país adonde debería estar.

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