El agujero que deja en las cuentas el Tratado de Energía pese a que se rompa el acuerdo

No es oro todo lo que reluce y, pese a que España se ha salido con la suya y parece que la Unión Europea está concienciada a retirarse definitivamente del Tratado de la Carta de la Energía, habrá que seguir pagando las consecuencias de lo firmado. Aunque los 27 rompan ahora el pacto, tendrán que seguir cumpliéndolo durante 20 años y asumiendo lo que hoy rechazan.

Las deudas que se hayan adquirido hasta el momento de la desvinculación, lógicamente, no caducarán. A ello hay que sumar las indemnizaciones correspondientes por haber quebrantado el pacto y por las que España debe más de 120 millones de euros.

Cuando en 2013 se redujeron las ayudas que se daban desde 2007 a las energías renovables, el Gobierno español fue demandado por incumplir las condiciones del tratado y, aunque intentó que el Tribunal Superior de Londres lo anulase, la sentencia fue negativa para los intereses nacionales. Por tanto, habrá que asumir ese pago en algún momento.

Pero estos 120 millones son solo a cuenta de uno de los litigios que España tiene abiertos. Hay más. Acumula reclamaciones de miles de millones de euros tras el cambio de legislación con respecto a las renovables que puso en marcha el Gobierno de Rajoy.

Hasta el mes de mayo se habían presentado 52 arbitrajes en contra y se habían dictado 29 laudos. Se ganaron seis, se anularon dos y 19 están a la espera de resolución, mientras que otros tres casos optaron por retirar su reclamación a cambio de acogerse al cambio de normativa de 2019 que garantiza una rentabilidad superior al 7 % si se abandona el litigio.

Un tratado anticuado

El Tratado de la Carta de Energía se concibió originalmente como una vía de escape tras la caída de la Unión Soviética. El sector energético había sido maltratado por el bloque oriental y necesitaba ayuda para salir adelante. Hoy, un pacto similar es completamente prescindible.

Se entendía inicialmente como una manera de fomentar la inversión extranjera y así evitar las tentaciones de algunos gobiernos de apoderarse de un oleoducto o una central eléctrica.

Hoy, el acuerdo ha perdido el sentido. De ahí que la Comisión Europea haya decidido finalmente escuchar a los diversos países que defendían la ruptura y lo haya terminado proponiendo. Así, los se debatirá la próxima semana en Valladolid durante la reunión ministerial de Energía y de ahí se llevará al próximo Consejo de la Unión Europea, donde tendrá que ser aprobado por mayoría. Pero las cuentas que todavía están pendientes habrá que pagarlas.