La mitad de los parados menores de 25 no estudian nada

De los parados 2.762.500 que hay registrados en España, el 17 % son menores de 25 años, que supone una tasa del 28 % de toda la fuerza laboral de ese tramo de edad y nos coloca en el primer puesto de toda la UE a catorce puntos porcentuales y medio de la media comunitaria. Pero hilando más fino, los datos muestran que el problema está lejos de solucionarse a corto plazo.

Bruselas lleva años dando la matraca con el asunto del paro juvenil y no le falta razón: somos el país con la tasa más alta de la UE, aunque a juzgar por los bandazos griegos parece que no somos los únicos que falseamos los datos con la temporalidad. Después de años de mirar para otro lado, el desbloqueo de los fondos europeos ha obligado al Gobierno a ponerse las pilas. Y no pinta bien.

En enero de 2020, España era el tercer país con mayor tasa (31 %) de desempleo juvenil, por detrás de Grecia (32,1 %) e Italia (33,4 %). El problema es que, cinco años y medio después, nuestro país ha conseguido bajar tres puntos porcentuales mientras que griegos e italianos lo han hecho ocho y trece respectivamente.

Hace dos años, Yolanda Díaz aprobó el Plan Estratégico Juventud Avanza para acabar con el problema del desempleo juvenil con una dotación presupuestaria de 4.950 millones de euros. A continuación, se puso coto a los becarios con un estatuto propio y una ley de FP que obliga a las empresas a remunerar a los estudiantes. Tras el éxito obtenido, la todavía ministra de Trabajo se sacó antes de las elecciones una herencia universal de 20.000 euros a los jóvenes emprender, formarse o dedicarse a la política.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en nuestro país hay 467.000 personas menores de 25 años en paro de los cuales 230.300, casi la mitad, no está cursando además ningún tipo de estudios, reglados o no. Conforme va aumentando la edad, el porcentaje de parados que no se forman va aumentando exponencialmente. Algo lógico, por otra parte, pero que tiene mucho que ver con la falta de talento disponible y el alto número de jubilaciones anticipadas.

Si observamos el nivel de estudios alcanzados, el asunto no mejora, ya que casi una tercera parte (31 %) apenas ha terminado la primera etapa de educación secundaria y un 27 solo la segunda etapa de educación secundaria con orientación general, equivalente al bachillerato. Tan solo el 17,8 % tiene estudios superiores.

Con la nueva ley educativa, este problema se va a solucionar de una forma un tanto perversa ya que se permitirá obtener el título de Secundaria sin haber superado todas las asignaturas y el de Bachillerato con hasta dos suspensos.