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Fernando Fraile, secretario de CC.OO. en Castilla y León

Fernando Fraile, secretario de CC.OO. en Castilla y León

CC.OO. se queda sin dinero en Castilla y León: «No podemos pagar ni las nóminas de agosto»

El sindicato ha lanzado una llamada de socorro a la Junta de Castilla y León para que encuentren «una solución definitiva» a los apuros económicos del SERLA

La entrada de Vox en la Junta de Castilla y León provocó una caída en los ingresos de la sección sindical de Comisiones Obreras de la región tras una rebaja considerable en las subvenciones que la sostenían. Además, el problema presupuestario en el SERLA, que podría llegar a suponer un grave escollo en la financiación del organismo. Este jueves, el sindicato ha publicado un comunicado en el que aseguran que no tienen dinero «ni para pagar las nóminas de agosto».

Desde el sindicato acusan a los de Vox de llevar a cabo «políticas antiobreras y vulneración de derechos de las personas trabajadoras», pero desde el partido de Abascal defienden sus políticas y los recortes a CC.OO.

El sindicato asegura tener conocimiento de que el director del SERLA ha realizado ya varias peticiones de la necesidad de aportaciones económicas para la supervivencia del Servicio, desde el pasado mes de mayo, a las que la Consejería ni siquiera ha respondido.

Además, CCOO defiende la ampliación de la plantilla para garantizar su buen funcionamiento y cumplir con la responsabilidad de servicio público que tiene asignado.

De hecho, recuerda que el SERLA comenzó con una plantilla de cinco personas en el año 2000, donde se tramitaban solo conflictos colectivos, y en este 2023 se van a tramitar más de 5.000 conflictos individuales, además de los colectivos, con tan solo dos personas más en la plantilla, «lo que supone que este año lleva tramitados, y va a tramitar, el número más alto de procedimientos desde sus inicios».

CCOO exige a la Junta de Castilla y León el cumplimiento de los acuerdos y una solución definitiva que dé viabilidad al SERLA, ya que no se puede seguir instalado en la «incertidumbre permanente», poniendo en juego los derechos de las personas trabajadoras.

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