Una cartera llena de dinero
Así puedes evitar las multas de Hacienda a la hora de hacer cualquier ingreso o transferencia
El Gobierno central aprobó a finales de 2020 una nueva normativa para hacer frente a los fraudes y limitó los pagos en efectivo
las entidades bancarias tienen la obligación de vigilar y monitorear ciertos movimientos de sus clientes, principalmente con el fin de cumplir con las normativas y regulaciones legales, como las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De hecho, este es un proceso que se conoce como «debida diligencia» o «compliance» en el sector financiero.
En este sentido, las entidades están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria ciertas transacciones o movimientos 'sospechosos', que normalmente corresponden a pagos, ingresos o transferencias que superen los límites establecidos por Hacienda para investigar una operación bancaria.
En muchos casos, las entidades financieras deben actuar con cautela, ya que no solo deben cumplir con la normativa sino también proteger la privacidad de sus clientes. Sin embargo, ante la sospecha de actividades ilícitas, la obligación de informar prevalece sobre el deber de confidencialidad, y se considera esencial para mantener la seguridad del sistema.
Concretamente, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, establece que la Agencia Tributaria vigilará y los bancos deberán facilitar información sobre los pagos y cobros que superen los 3.000 euros. Además, se controlarán todas las transacciones de dinero que excedan los 10.000 euros, así como los préstamos y créditos que superen los 6.000 euros.
Posibles sanciones al contribuyente
Por otro lado, de todas las transacciones que el banco decida comunicar a Hacienda, se podrá pedir cuentas al contribuyente, quien, de no cooperar, se enfrentaría a multas de hasta el 50 % de la cantidad investigada.
Gracias a ello, la Agencia Tributaria tiene la capacidad de seguir el rastro del dinero, asegurándose de que se cumpla con las normativas fiscales y que los fondos no provengan de actividades ilegales.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es que el Gobierno central aprobó a finales de 2020 una nueva normativa para combatir los fraudes y limitó los pagos en efectivo. Por todo ello, la Ley 11/2021, de 9 de julio, establece que la cantidad máxima para realizar pagos en metálico es de 1.000 euros.
