El problema de la Seguridad Social

Dentro del ingente endeudamiento acontecido bajo la presidencia de Sánchez -más de 400.000 millones de nuevo endeudamiento según las notas iniciales de avance de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España entre mayo de 2018 y junio de 2023, último publicado, especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la Seguridad Social.

Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es bien distinta. Para empezar, el fondo de reserva, conocido como «la hucha de las pensiones», fue creado por Aznar, tras sanear la Seguridad Social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.

Pues bien, cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social aportaba, de manera que cada año iba ampliándose el mismo, hasta llegar a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar su mandato. Eso era un verdadero ahorro, porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la Seguridad Social es deficitaria, sólo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado le realiza desde los Presupuestos Generales del Estado, porque los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones.

Así, la Seguridad Social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros, donde la mayor parte va a pensiones contributivas, que incrementan el gasto en un 11,2% interanual, hasta llegar a los 166.776,9 millones de euros, con riesgo al alza.

Por otra parte, los ingresos son claramente insuficientes. Para empezar, son 7.200 millones inferiores a los gastos, quedándose en 192.000 millones. Ahora bien, esa cifra es engañosa, pues recibe casi 40.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado, con lo que, sin ello, el déficit sería mucho más importante. Además, la aportación de los 2.793,2 millones al fondo de reserva viene cubierta por el préstamo del Estado, que sirve para cubrir dicha aportación, la pequeña diferencia entre el resto de las operaciones de ingresos y gastos y el déficit no financiero. Por tanto, no hay ahorro, sino que se nutre el fondo con ingresos financieros, procedentes de deuda.

Y esa deuda, Sánchez la eleva en alrededor de 65.000 millones de euros desde que gobierna. Así, pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 106.174 millones en el último dato publicado, junio de 2023.

Por tanto, una vez más, Sánchez no dice la verdad. El sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo. Cuando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos (80,52 en el caso de los hombres y 85,89 en el caso de las mujeres, según nos muestra el INE). Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema.

Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.

El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.

Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.

Por eso, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente, y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad.

Sin embargo, en lugar de abordar el tema afrontando el problema de cara, en toda su magnitud, la reforma Sánchez-Escrivá incrementa el gasto, sube cotizaciones y hace inviable el sistema, de manera que todavía nos endeudará más, tras confiscarnos más recursos vía el comentado incremento de cotizaciones. Es la política de Sánchez, basada en el gasto, la deuda y los impuestos altos. Debe enmendarse esa política; de hecho, si Sánchez volviese a ser investido, debería, por el bien de España, autoenmendarse, pero eso se antoja casi imposible.