El subsidio de desempleo agudiza la guerra fría entre Calviño y Yolanda Díaz

Entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño no se encuentran muchas coincidencias más allá de su condición de gallegas y ministras. Ambas representan polos opuestos dentro del Gobierno de coalición y los encontronazos han sido constantes. El último, a raíz de los subsidios de desempleo, ha vuelto a poner de manifiesto la animadversión que cultivan desde 2021, cuando la titular de Economía exigió su participación en la reforma laboral, una demanda que sentó como un tiro en el Ministerio de Trabajo.

Se podría decir que las diferencias vienen de sangre. José María Calviño fue director general de RTVE y un personaje destacado de la transición, mientras que Suso Díaz fue un reconocido sindicalista e histórico militante del PCE en una época en la relación entre el gobierno socialista y los sindicatos estaba lejos de ser cordial.

La llegada de Nadia Calviño al Gobierno, con perfil más técnico que político, fue vista como un mensaje de tranquilidad a Bruselas. Manifiestamente europeísta, la coruñesa había protagonizado una carrera meteórica en la Comisión Europea, donde llegó a ser la máxima responsable del presupuesto de la Unión.

Yolanda Díaz, en cambio, es un ejemplar político con mayúsculas que ha sabido prosperar gracias a un finísimo sentido de la oportunidad para identificar el momento de cambiar sus lealtades. Abogada laboralista, a lo largo de los años se ha labrado una imagen que le ha permitido colocarse entre las políticas más valoradas, honor que comparte, por cierto, con Calviño.

Su llegada a Trabajo se produjo en enero de 2020 como consecuencia de los acuerdos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ahora arrepentido. Su obstinación en derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy provocó el primer choque con Calviño, que llegó a mandar un mail a Díaz exigiendo la inclusión del Ministerio de Economía en las negociaciones con sindicatos y patronal. Díaz acusó entonces a la titular de Economía de «injerencias» y de intentar sabotear las negociaciones con los agentes sociales a espaldas de Trabajo.

Al final, no hubo derogación y Díaz se tuvo que contentar con una contrarreforma más estética que efectiva que mantenía buena parte de las medidas que se impusieron en 2012. Gabriel Rufián lo resumió con bastante mala leche al ser preguntado por el rechazo de su grupo: «La pregunta no es por qué ERC no acepta la reforma laboral, sino por qué la aceptan PSOE y Podemos junto a Ciudadanos, la CEOE y FAES». Desde entonces, la relación entre ambas ministras es, cuando menos, tensa.

Uno de los mayores puntos de fricción es la subida del SMI. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que Calviño considera que el aumento del salario mínimo supone la destrucción del empleo y no es un secreto que la ministra de Economía se ha alineado habitualmente con las propuestas de la patronal al respecto.

Pero las intromisiones no son exclusivas de Economía. La propuesta de Yolanda Díaz de congelar las hipotecas variables y limitar el precio de algunos productos para hacer frente a la inflación fue rápidamente desautorizado por la cartera que dirige Nadia Calviño, que ya trabajaba en la reducción del IVA, entre otras medidas.

Subsidios por desempleo

Ahora ha sido la reforma de los subsidios por desempleo. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, abogó el pasado lunes por una reforma para «orientar todo el sistema de subsidios por desempleo hacia la reincorporación de los trabajadores al mercado», teniendo en cuenta la «escasez».

La propuesta de Economía contempla un subsidio de solo doce meses en el que los primeros tres se cobraría el 100 % del Iprem, para reducirse al 80 % en el segundo trimestre. En el tercer y cuarto trimestre, el recorte sería del 65 y del 50 % respectivamente.

Para Trabajo, se trata de un planteamiento «sancionador» basado en la sospecha. «Cuando alguien tiene la desgracia de estar en situación de desempleo, no se le puede acosar con unas prestaciones menguantes, sino con orientadores, formación y una labor adecuada de los servicios públicos de empleo», apuntan fuentes del Ministerio.

La propuesta de Trabajo triplica el coste de la de Economía

Así, su idea es un 110 % del Iprem los seis primeros meses (660 euros) y del 90 % el siguiente semestre (540 euros). A continuación, los beneficiarios recibirían un 80 % (480 euros) hasta agotar los 30 meses, aunque no se descarta una reducción del tiempo de prestación.

Desde luego, se trata de una generosa propuesta que sumaría un total de 15.840 euros de gasto máximo por persona, más de tres veces más previsto en el plan de Economía (5.070 euros como máximo). Pero claro, ya se encargará Montero de ajustar el presupuesto.