Informe Sicpa
España es el segundo país europeo en la compra intencionada de falsificaciones
Un informe detalla pérdidas directas de 5.700 millones de euros anuales en España y daños a 44.700 puestos de trabajo
El comercio ilícito de productos falsificados provoca unas pérdidas directas de 5.700 millones de euros anuales en España y menoscaba 44.700 puestos de trabajo, según indica un informe de la firma de sistemas de seguridad Sicpa. En toda la UE, se estiman unas pérdidas de 50.000 millones de euros al año y 416.000 empleos.
Los consumidores adquieren cada vez más imitaciones a través de internet y las redes sociales, en lugar de en puestos callejeros, una tendencia que puede verse intensificada por la inflación de los últimos años, han advertido diversos expertos en una mesa redonda celebrada este martes en Madrid para abordar el problema de las falsificaciones.
El comercio de mercancías falsificadas puede ocasionar un aumento de los niveles de corrupción
El comercio de mercancías falsificadas puede ocasionar un aumento de los niveles de corrupción y un incremento de los presupuestos dedicados a seguridad ciudadana, puede poner en peligro la seguridad y la salud pública, plantear problemas sociales y medioambientales y vulnerar el derecho penal o administrativo como en los casos de evasión fiscal y aduanera o de fraude.
Ropa
Desde 2020, se ha multiplicado por cuatro el número de españoles que compran intencionadamente productos falsos, un comportamiento especialmente normalizado para los jóvenes de 15 a 24 años, entre los cuales el 49 % adquiere imitaciones, detalla la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema).
España es ya el segundo país europeo en la compra intencionada de falsificaciones, solo por detrás de Bulgaria, según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Entre los sectores más afectados se sitúan el calzado, el textil, la electrónica o la perfumería
Entre los sectores más afectados se sitúan el calzado, el textil -particularmente la ropa deportiva-, la electrónica, la perfumería, los productos farmacéuticos, las bebidas y la alimentación, los juguetes y la industria de los componentes de automoción.
Los expertos alertan sobre los riesgos para la seguridad y la salud pública que supone la adquisición de productos de imitación, más allá del perjuicio económico para las marcas y para el Estado, que no recauda impuestos por las ventas ilegales.
El informe avisa de que «existe un problema grave y al alza y la mayor parte de los ciudadanos no reparan en él, las medidas que hasta ahora se han aplicado han resultado ineficaces e insuficientes y el complicado contexto internacional ofrece unas perspectivas de futuro delicadas».