La magia de hacer aparecer 236.000 empleados públicos escondidos

Ya sé que esta noticia no es candente, porque fue explicada hace ya varios días por todos los medios de comunicación y, en especial, por un gran artículo de Unai Mezcua en este diario.

Pero yo quiero darles otros enfoques a los números, trabajándolos y sacando datos que en los próximos artículos van a escocer porque son cosas que solo se pueden encontrar escudriñando los datos.

Pero la gran pregunta que nos debemos hacer en primer lugar es si esto ha sido un acto premeditado, con nocturnidad y alevosía, por parte de la hoy VP primera del Gobierno, para tapar lo que estaba pasando en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones Locales, o simplemente ha sido falta de control y supervisión, por parte de la señora Montero.

Si es lo primero, y ha sido adrede, la ocultación de lo que estaba pasando desde luego habría que consultar a un buen abogado, porque esto me suena a posible delito de prevaricación de caudales públicos y falta de control y, por lo tanto, lo único a seguir haciendo es dimitir. Si es lo segundo, la incompetencia de una ministra obliga a cesarla.

Ya sé que lo que yo diga no sirve para nada y que al señor presidente del Gobierno, por un oído le entra y por el otro le sale, pero es un atentado a las finanzas públicas y a la confianza en los datos públicos que proporciona el Gobierno.

El gran problema es si la contaminación de la información ha llegado a la IGAE

Esto hace que cada día que pasa nos tengamos que seguir cuestionando la veracidad de la información que nos proporcionan. Ya sabemos que de Tezanos no nos podemos fiar, que de Elena Manzanera tampoco, porque ella utiliza su poder para hacer que el INE diga cosas que son inexplicables, aunque sus profesionales publiquen un montón de información que sigue siendo válida. El gran problema es si la contaminación de la información ha llegado a la Intervención General de la Administración del Estado y esta ha dejado de contabilizar información o la tiene paralizada hasta recibir órdenes.

Cuando ya no te fías de un gobierno que cada vez que habla te miente, aunque no sea luego más que un cambio de opinión, al hablar de números, estos, por desgracia, no cambian de opinión y si son 2.731.125 empleados públicos o efectivos, como le gusta llamar al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no son 2.967.668, porque entre esos dos números hay una diferencia de un 8,7 %, que equivale a haberse olvidado en contarnos que había 236.543 efectivos más.

Pero hoy lo que voy a mostrar es donde físicamente están esos efectivos de más y en los sucesivos artículos veremos cosas precisamente, por este tipo de análisis, que serán motivo de análisis en profundidad.

Veamos donde se han ubicado estos 236.543 efectivos que estaban en el limbo de los justos:

Además de las 17 comunidades, están también representadas las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y el Extranjero, donde se ubican las Embajadas y los militares que están en destinos fuera de España, como misiones de la OTAN o de la ONU.

En total hay diez comunidades que crecen más que la media del 8,7 % y siete que lo hacen por debajo, porque tanto Ceuta como Melilla están prácticamente igual, con una diferencia del -0.2 % y del 0.2 % respectivamente. En el caso del Extranjero los efectivos han crecido un 3,7 %.

La comunidad en la que más han crecido los efectivos ha sido la de las Islas Baleares, que ha tenido un incremento de 10.572 efectivos más en total, lo que supone una subida en un solo año de julio de 2022 a julio de 2023 del 17,5 %.

Las Islas Canarias crecen un 13,9 % y aparecen con 18.489 efectivos más en un año y Castilla la Mancha, con la medalla de bronce con el socialista García Page siempre en los puestos de honor en lo que corresponde a gasto y empleados públicos.

Hasta la comunidad décima destaca la cuarta posición de Galicia, con un 11,7 % más y 18.128 efectivos, País Vasco, en quinto lugar con un 11,6 % más y 14.020 efectivos más, y la Comunidad Valenciana, que siempre se queja de que no le llega el suficiente dinero, pero que en este caso no se ha cortado un pimiento en tener 25.268 efectivos más.

El caso catalán merece un tratamiento especial y lo abordaré en un próximo artículo, y la Comunidad de Madrid también necesitará de su propio análisis con una subida de 33.303 efectivos.

La primera de las crudas realidades es que han aparecido de la chistera del mago Escrivá 236.000 efectivos, con contratos basura, que nadie sabe cómo han sido contratados, quién los ha seleccionado, cuál ha sido el criterio para que entren a formar parte de la estructura del Estado y qué ha llevado a la cifra de «OTROS» contratos, que no son funcionarios, ni contratos laborales, a 853.702 que en el 2004 eran el 10 % de esta cifra, que no para de crecer y que solo sabe el que lo contrata para qué lo contrata.

Y que como nos han demostrado, solo se entera el que quiere, pero no los ciudadanos que somos los que pagamos con nuestros impuestos la fiesta de nuestros políticos.