El ex director de la Agencia Tributaria: «No cabe mayor gravedad que el uso partidista que se ha hecho contra Ayuso»

Ignacio Ruiz-Jarabo y Colomer (Madrid, 1956) dirigió la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, antes de presidir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Actualmente es Socio-Director del Despacho Legal y Tributario Ruiz-Jarabo Asociados. Atiende a El Debate por vía telefónica tras el enorme revuelo causado tras avanzar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, datos sobre la investigación a Alberto González Amador horas antes de que fueran publicados por la prensa, en particular que el origen de los fondos presuntamente defraudados al fisco estaba en el cobro de «comisiones» durante la pandemia.

—La Ley General Tributaria veta el acceso a los datos fiscales incluso al ministro de Hacienda ¿Ha habido irregularidades por parte de Hacienda en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

—Parece evidente que sí. Estamos ante un caso de autodelación. Fue la propia ministra de Hacienda la que confesó que había cometido dos graves irregularidades. La primera es que declaró conocer lo que legalmente no podía conocer, y la segunda es que utilizó lo que legalmente no podía utilizar. Nada se había publicado sobre determinados datos del expediente de inspección. Sí se había dicho que un contribuyente en concreto había sido inspeccionado, y su nombre, apellidos, relación sentimental con una política, y algún dato sobre el posible mecanismo utilizado para la defraudación. Pero de repente, para sorpresa de todos, la ministra de Hacienda declara que tiene unos datos del expediente que no existían en la opinión pública, correspondientes al origen de esos ingresos. No cabe otra cosa, ella misma se delató.

—De confirmarse que María Jesús Montero tuvo acceso a la investigación, ¿A qué sanción se enfrentaría?

—Nunca debió tener esa información legalmente. El funcionario tiene prohibido trasladar o transmitir información de la que tiene conocimiento a nadie que no esté participando en la tarea propia que se realiza dentro de la Agencia Tributaria. Trasladar información fuera de la AEAT es una infracción muy grave. Yo mismo en mi etapa impuse sanciones de hasta dos años de empleo y sueldo a funcionarios que habían cometido esa infracción. La ministra Montero colaboró y fue cómplice de quien cometiera esta infracción. Y no contenta con saberlo lo utiliza para algo que legalmente esta prohibido. Me parece gravísimo. Los datos fiscales del contribuyente, por ley, solo pueden utilizarse para la gestión tributaria, y ella lo utilizó para el debate político y para atacar a una rival. Que estas irregularidades las cometa la superioridad jerárquica máxima de la Agencia Tributaria nos hace reafirmarnos que estamos ante la ilegalidad mas grave desde que existe.

Estamos ante la ilegalidad más grave desde que existe la Agencia Tributaria

—¿Cree que se está haciendo un uso partidista de la Agencia Tributaria?

—Verde y con asas. Cuando uso datos que no puedo tener y los utilizo para lo que no puedo utilizarlo, en beneficio de mi partido y de mi gobierno, es efectivamente un uso partidista, para beneficiar a mi partido o a mí misma. No cabe mayor gravedad. Hay coincidencia de fechas además con el Caso Koldo, cuando se solicita al juez para que emita un informe a Hacienda información. Casualmente el contenido de ese informe no le debió de gustar mucho a la ministra porque procede a denunciar a la fiscalía el caso al que nos referimos y a destituir a los dos directivos que remitieron el informe sobre el caso mascarillas en las administraciones socialistas. Y es una casualidad que la diana haya sido Isabel Díaz Ayuso, que es evidente que es una obsesión compulsiva para el presidente Sánchez y para todo su Gobierno.

Es evidente que Isabel Díaz Ayuso es una obsesión compulsiva para Sánchez y para todo su Gobierno

—¿Qué castigo podría afrontar María Jesús Montero?

—Ella no es funcionaria y queda fuera del castigo severísimo para un funcionario. Entramos ya en el terreno del derecho penal, en el que yo no soy experto. Hay abogados que hablan de un delito de revelación de secretos que puede tener como consecuencia el ingreso en prisión, pero insisto en que no soy experto penalista. Sea cual sea el final disciplinario, ni una cosa ni otra cesan un ápice la gravedad de lo ocurrido. La ministra es la responsable de la custodia de nuestros datos personales, que se entregan para pagar impuestos con la garantía de no utilización espuria. La ministra ha incumplido este pacto social de forma clamorosa, ante las cámaras de televisión. No se me ocurre algo más grave.

—¿Le consta un aumento de las inspecciones por parte del fisco en los últimos años?

—La Agencia Tributaria hasta lo hace cuando presenta sus propios resultados de lucha contra el fraude. Lo grave no está en el numero de inspecciones, sino en las condiciones en las que las hace. La Agencia Tributaria tiene un conjunto de potestades administrativas desorbitante, lo que genera una enorme desigualdad con el contribuyente en comparación con sus derechos y garantías. Así se lo ha dado el ordenamiento jurídico, no es achacable a la Agencia Tributaria. Y el uso de esas potestades en muchos casos está siendo abusivo. Eso sí es achacable a Hacienda.

Me parece abusivo que, si hay discrepancia, lo que dice un inspector sea lo que se presuma como veraz

Dice la ley que todo lo que dice un inspector se presume veraz y, si hay una discrepancia, es el contribuyente el que miente. A mí que eso sea una presunción que se aplique siempre me parece abusivo. Y además la deuda tiene ejecutividad inmediata, lo que también es abusivo. Aunque tú recurras y tarde cinco años sin que un juez te dé la razón desde que lo dice la Agencia Tributaria, tienes que pagar y si no pagas te embarga. Es verdad que la ley establece instrumentos para atemperar este tipo de abusos, como que pude decretarse la suspensión de la ejecutividad si así lo dice un tribunal. Pero la agencia tributaria no aplica nunca esta medida atemperadora. Ahí está lo que supone una mayor carga fiscal para los contribuyentes.

—Cuatro de cada diez contribuyentes que demandan a Hacienda acaban ganando en los tribunales. ¿A qué se debe?

—La cifra es en realidad mayor. Cuatro de cada diez son los que ganan en sede del ministerio de Hacienda, en los tribunales administrativos. Cuando tú no estás de acuerdo debes recurrir primero a estos tribunales. En los seis casos que gana dentro de sus propios tribunales, si el contribuyente va a los tribunales de justicia ahí pierde uno de cada tres casos. En realidad está perdiendo seis o casi siete de cada diez. Eso es muy grave, porque aunque ganen tienen que pagar primero la deuda, y si no puede le son embargados cualquiera de sus bienes y derechos.

Hacienda está perdiendo seis o casi siete de cada diez casos. Es muy grave

Es duro para cualquier contribuyente, pero para muchos empresarios acaba suponiendo el fin de la empresa. Y, si al cabo de muchos años, los tribunales acaban dictaminando que aquellas liquidaciones que acabaron poniendo fin a la empresa fueron ilegales. La pyme española no tiene facilidades de acceso a la garantía fiscal y corre ante cada inspección de Hacienda un enorme riesgo de desaparición. Es un problema tremendamente serio.

Para muchos empresarios una inspección acaba suponiendo el fin aunque años después la justicia les de la razón

— ¿Que Alberto González pagara la deuda con Hacienda implica que es culpable?

— Juan Lobato ha manifestado en la Asamblea de Madrid que la presidenta Ayuso ha mentido en rueda de prensa cuando dijo que ella creía que su pareja hizo todo bien y no había hecho nada mal. Esgrimió dos argumentos: que Alberto González ya había pagado y que así lo había expresado en un correo enviado a la Fiscalía. Yo no digo que Juan Lobato haya mentido, pero o está confundido o nos ha querido confundir.

Si no pagas lo que se te exige, aunque esté pendiente decidirse si es correcto o legal, resultas embargado

Que Alberto González haya pagado ya responde a lo dicho anteriormente: si no pagas lo que se te exige, aunque esté pendiente de decidirse de si es correcto o legal, resultas embargado. Simplemente está protegiéndose de la gestión de embargos por parte de la Agencia Tributaria. Con muchísima frecuencia el contribuyente y la Agencia llegan a un pacto extrajudicial para evitar llegar a juicio. En lugar de jugárselo delante de un juez deciden empatar entre lo que se pide pagar y lo que el contribuyente pagó. Ahora bien, para llegar a ese empate, que es absolutamente habitual, como el reciente caso de Shakira, hay dos requisitos procedimentales: el primer requisito es pagar la cuota que pide la AEAT. Que Alberto González haya pagado solo implica cumplir ese requisito. El segundo requisito es reconocer que ha incumplido la ley.

—Se acaba de conocer que Hacienda abrió una auditoria general sobre Ferrovial tras comunicar su traslado a Países Bajos. ¿Se utiliza a veces la Agencia Tributaria como arma política?

—Hay un hecho que es indicativo: cuando Ferrovial dijo que se traslada dijo que se acoge al régimen especial. Ferrovial realmente lo que hizo fue una absorción interna dentro del grupo. Cuando se realiza una absorción empresarial hay una norma que es traspuesta de una directiva comunitaria. Para favorecer las restructuraciones empresariales no se paga ningún impuesto, aunque en principio se cumplan los hechos imponibles. Si lo estoy haciendo en el marco de una restructuración empresarial no se pagan esto impuestos. salvo, dice la ley, que se detecte que toda la operación es fraudulenta.

¿Quiénes eran los ministros para determinar lo que haría la Agencia Tributaria con Ferrovial?

Ferrovial tenia derecho a este régimen especial europeo salvo alguna irregularidad en el diseño de la operación. No fue un ministro, fueron varios, y alguna vicepresidenta, los que dijeron que no se le iba a aplicar la medida de cautela. ¿Quiénes eran los ministros para determinar lo que haría la Agencia tributaria? Alguno incluso llegó a avisar a Ferrovial. Fueron aquellos ministros los que nos avisaron a todos de que su intención era influir en las decisiones de la AEAT.