Los Técnicos de Hacienda ven el cupo catalán «difícil de encajar» en la Constitución

La propuesta de financiación singular para Cataluña presentada esta semana por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de Economía, Natalia Mas, genera división en diferentes expertos consultados por Europa Press respecto a su aplicación y a su similitud con la propuesta de su antecesor Artur Mas en 2012.

Según el nuevo modelo de la Generalitat, se pasaría de recaudar el 9 % de los impuestos a la totalidad, lo que calcula que representa unos ingresos potenciales de 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual.

El catedrático de Economía de la UPF Oriol Amat ha explicado que es una propuesta «en línea con la de 2012»: un concierto económico que parte de la base de la solidaridad y que debe contemplar un déficit fiscal, que entonces se situó en el 4 %.

Se refiere a la propuesta que planteó en 2012 el entonces presidente Artur Mas al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la voluntad de plantear un pacto fiscal con el que Cataluña fuese capaz de administrar los recursos generados.

El catedrático y presidente del Consejo Asesor en Política Económica de Cataluña (Capec), Guillem López Casasnovas, ha analizado que la propuesta de Aragonès, «es exactamente» lo que planteó Artur Mas.

Para la excatedrática de Economía que formó parte del comité de expertos para analizar la financiación autonómica en 2017, Antonia Monés, el modelo de Mas no planteaba tan concretamente la recaudación de impuestos.

Encaje y consenso en el Estado

El abogado y presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha valorado que es una propuesta «difícil de encajar» en la Constitución, ya que Cataluña no comparte las características del País Vasco y Navarra, y cree que se necesita un acuerdo multilateral con el resto de territorios.

Monés ha coincidido en la necesidad de un consenso en el conjunto del Estado y, aunque considera que el nuevo modelo está poco desarrollado y le falta contexto, ha definido la propuesta como «absolutamente maximalista y que no tiene ninguna posibilidad de encaje».

Casasnovas considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no necesita ningún consenso para aplicar la reforma, sino una mayoría que ya tiene, por lo que ha tachado de gran comedia la reacción del Gobierno: «Ojalá hacer la reforma por consenso, pero, si no se involucran, se puede hacer perfectamente».

Ante la reducción de la financiación disponible para el resto de comunidades, Amat ha dicho que debería ser el Estado «el que haga el esfuerzo» para compensarlo, y ha recordado que en los últimos años ha incrementado sus ingresos por encima de los de las autonomías.

Modelo de autogobierno

Casasnovas ha enmarcado la insistencia de la Generalitat en su voluntad de autogobierno, lo que según él diferencia Cataluña de las otras comunidades, a las que «la situación actual ya les va bien» y no quieren ni descentralización ni asumir la responsabilidad fiscal que el concierto económico comporta, dice.

Cruzado ha valorado que la propuesta no es nueva, sino que se trata del modelo que siempre ha defendido ERC y que ya planteó en el acuerdo de investidura de Sánchez, y ha opinado que responde a una lógica electoral.

Además, ha afirmado que es un proyecto económico propio de un Estado federal, que «hoy por hoy no es el modelo», y que el Gobierno no puede realizar una gestión individualizada en cada comunidad.

Para Monés, la propuesta responde a una lógica independentista y electoralista, además de ser «engañosa y victimizadora», ya que no es realista con las necesidades de los ciudadanos, según él.

Amat ha asegurado que el déficit fiscal actual perjudica el bienestar y la competitividad catalana, y ha lamentado que en Cataluña todos los servicios públicos reciben menor financiación que en otras autonomías.