El 12-M, el chantaje independentista y la ruina económica de Cataluña

Lo llaman recuperación de la convivencia y la concordia cuando la amnistía y el resto de pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC no están haciendo otra cosa que avivar la llama del independentismo. Y por ende, la ruina económica de Cataluña. No hay más que comparar el número de empresas que trasladaron su sede social a otros puntos de la geografía española antes y después de las elecciones del 23 de julio.

En los primeros seis meses del año pasado se marcharon un total de 49, mientras que en el segundo semestre se fueron 80; prácticamente el doble. Del mismo modo, el miedo a que Carles Puigdemont regrese y acabe la tarea que no pudo culminar en 2017 también afecta a las compañías que se instalan en Cataluña. Si entre enero y junio de 2023 desembarcaron allí 440, entre julio y diciembre apenas llegaron 288, según las estadísticas de Informa D&B.

Los últimos acontecimientos políticos han resucitado el fantasma del varapalo que sufrió el tejido productivo a raíz del procés con la fuga de más de 8.000 empresas desde entonces. Se calcula que la aprobación de la DUI hizo perder a la economía catalana 433 millones de euros de actividad, sobre todo en el sector turístico, que dejó de recibir a más de 180.000 visitantes, a decir de la patronal Exceltur.

Luego, cuando en octubre de 2019 se conoció la sentencia condenatoria del Supremo contra los delincuentes hoy indultados por Sánchez, el terrorismo callejero también provocó un importante quebranto al PIB regional. Los economistas no nacionalistas hablan de hasta 600 millones de euros, recordando que sólo el corte de carreteras tuvo un impacto diario de 25 millones, por no mencionar el parón de la producción en la planta de Martorell de SEAT y en otras muchas fábricas por el caos de aquellos días de pesadilla.

Retrocediendo más atrás en el tiempo, esos mismos expertos explican, en todo caso, que el declive económico de Cataluña empezó con Artur Mas si no antes. Y añaden que es fruto de una pésima gestión, basada en un gasto público excesivo centrado únicamente en satisfacer los delirios independentistas, como las famosas «embajadas» a cargo del contribuyente por citar el ejemplo más gráfico quizá. Si no hubiese formado parte de España, Cataluña habría quebrado en 2012, cuando no tenía acceso a los mercados porque su deuda era considerada como bono basura. Aunque tampoco andan mucho mejor las cosas en estos tiempos de amnistía, referéndum, mediador internacional, humillación del Estado, sistema propio de financiación y cualquier dislate que le exija el prófugo a Sánchez a cambio de mantenerle en la Moncloa.

De cara a las elecciones del 12 de mayo, los ciudadanos que voten a favor de la independencia –o al socialista Salvador Illa en la creencia de que la facilitará de una o otra manera–, han de saber que si Cataluña dejara de pertenecer a España, además del cataclismo que sufriría su economía, tendría que quedarse con su parte correspondiente de deuda. Y el agujero asciende a la friolera de 320.000 millones de euros. Ese montante resulta de sumar la parte proporcional de la deuda del Reino de España correspondiente al 19 % que pesa la comunidad en el PIB nacional y la deuda regional, que rozaba los 86.000 millones al cierre de 2023; la mayor de todas las autonomías en términos absolutos.

Por mucho que se ufanen en ocultárselo a los votantes, los independentistas tienen estas cuentas tan claras como que dos más dos son cuatro. Por eso su anhelo va mucho más allá de la condonación de toda la deuda del FLA, cuyos primeros 15.000 millones ya les perdonó el sanchismo en el acuerdo de investidura. La pretensión pasa por no llevarse ni un céntimo de deuda por el gasto que la Administración General del Estado y la Seguridad Social realizan en Cataluña para pagar el desempleo, las pensiones o las inversiones allí. Por eso demandan un plan de independencia fiscal que el Gobierno tendrá que aceptar tarde o temprano si quiere seguir teniendo a los separatistas de su lado. Da igual si la cesión del cien por cien de los tributos exigida no tiene paraguas legal alguno, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni en la Constitución.

Y mientras el plan llega, la Generalitat somete a los ciudadanos a un auténtico infierno fiscal. Ahora que empieza la campaña, se verá, por ejemplo, que un contribuyente madrileño soltero, menor de 65 años y sin hijos, con unas rentas del trabajo de 45.000 euros, pagaría 8.866 euros por IRPF, mientras que en Cataluña tendría que abonar 9.688. El cálculo es del Consejo General de Economistas, que añade que si los ingresos subieran hasta los 70.000 euros, el madrileño pagaría 17.981 euros y el catalán, 19.200. La cuestión es que Cataluña se mantiene año tras año como la región que más grava a las rentas medias. Y además, es la que tiene más impuestos propios: hasta once ahora mismo, entre los que se incluye el canon del agua, la tasa turística o el tributo que penaliza el consumo de bebidas azucaradas envasadas.

Desde el año 2000, la renta per cápita de Cataluña ha crecido un 54 % y la de Madrid un 63 %, arrojando un diferencial de nueve puntos que marcan la diferencia abismal entre las dos economías. Después de varios lustros recortando distancia, el PIB de la Comunidad de Madrid y el de Cataluña llegaron casi igualados a 2017, que fue cuando se produjo el sorpasso. Desde entonces, la brecha a favor de la primera no ha parado de crecer, evidenciando el éxito de su modelo económico frente al del despilfarro y los sinsentidos.

Un dato más para acabar: la Secretaría de Estado de Comercio publicaba recientemente las últimas estadísticas de inversión extranjera en España. La Comunidad de Madrid atrajo el año pasado 15.323 millones de euros, lo que representa el 54,3 % del total. A Cataluña, con 4.644 millones, apenas le tocó el 16,5 % del pastel. ¡Y todavía querrán los indepes que se lo expliquemos!