La ejecución de fondos UE embarranca en el 0,4 % mientras el Gobierno los destina a portátiles para los autónomos

La gestión de los fondos europeos está mostrando una preocupante falta de eficiencia. En el primer trimestre del año apenas se ha ejecutado un 0,4 % de los créditos definitivos y proyectos estratégicos o de vivienda y empleo siguen varados.

A 31 de marzo, se incorporaron créditos por valor de 9.026 millones de euros, en su mayoría transferencias de capital (6.624 millones) e inversiones reales (1.228 millones) entre las que destacan partidas de 2.796 millones a proyectos de Industria, 1.428 millones a Transformación Digital y Función Pública, 1.105 millones a Agenda 2030 o 968 millones a vivienda.

Se trata de modificaciones correspondientes a proyectos como los PERTE, la rehabilitación y construcción de vivienda para alquilar social, despliegue del 5G, infraestructuras o zonas de bajas emisiones. Sin embargo, en el primer trimestre del año el porcentaje de realización de estos proyectos apenas llega al 0,4 %.

De los 7.889 millones de los créditos definitivos presupuestados para el Ministerio de Industria –que concentra buena parte de los PERTE– se han adjudicado 41 millones y se han pagado 3,8 millones. De los 6.487 millones de Transformación Digital y la Función Pública, se han ejecutado 12 millones; de los 5.158 millones para Transición Ecológica 417.000 euros; de los 3.512 millones de Transportes, 44 millones…

Por ejemplo, del Plan de Transición Energética en la AGE, valorado en 223 millones, apenas se cuentan unas obligaciones reconocidas de 12 millones; en el caso de las zonas de bajas emisiones, de los 1.563 millones definitivos se han adjudicado 3,4 millones. De los 3.957 millones para el impulso de la competitividad industrial, no se ha adjudicado nada.

Varias instituciones, con Fedea o la Airef, han criticado la gestión de los fondos europeos. Incluso desde el Banco de España se ha afeado la particular contabilidad del Gobierno, que impide realizar una valoración efectiva del impacto de Plan de Recuperación y Resiliencia.

A finales del pasado año, el director de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, estimó en 26.000 millones de euros los fondos que habían llegado a las empresas adjudicatarias entre 2021 y 2023, una cifra irrisoria teniendo en cuenta que España debe ejecutar 163.000 millones antes de 2027.

Bruselas, por su parte, ha advertido de la necesidad de acelerar la ejecución de todas las reformas e inversiones ya que no se contempla una ampliación del plazo fijado actualmente.

«Al fondo de recuperación le quedan algo menos de tres años de vida y en muchos sentidos la segunda mitad de su vida será más complicada que la primera a medida que las inversiones llegan a una etapa crítica», señalaba un informe de la Comisión.

Gestión errática

El problema es que la gestión del Gobierno al respecto está siendo, al menos, errática. Este lunes, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá anunciaba un aumento de la cuantía para autónomos y microempresas en el marco del programa ‘kit digital’ que, en definitiva, permite a estos colectivos adquirir un ordenador. Entretanto, los PERTEs y otros proyectos clave como son los relativos al empleo y la vivienda siguen paralizados.

Carlos Cuerpo, por su parte, asegura que «todo va según lo previsto» y que se trata de un plan «a medio plazo», mientras que el propio Pedro Sánchez quiere una reedición más allá de 2016, como advirtió durante el Spain Investors Day. Y todo ello, bajo la lupa de Bruselas, que anda con la mosca detrás de la oreja tras la filtración del caso Koldo.