Rato señala a Montoro en la última sesión del juicio por el origen de su fortuna: «Me han sometido a un procedimiento dolorosísimo»
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Rato once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios y pide 63 años de cárcel y 42,4 millones de multa
Visto para sentencia. El juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha celebrado este viernes su última sesión, tras haber ejercido algunos de los acusados, entre ellos el propio Rato, su derecho al uso de la última palabra.
En su alegato final, Rato ha cargado contra los exministros de Economía, Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, como los responsables de la investigación sobre el origen de su fortuna que le ha llevado al banquillo.
El exvicepresidente ha leído varios correos electrónicos del que fuera jefe de gabinete de Montoro que demostrarían que meses antes de que se produjera la entrada y registro en su domicilio y en su despacho todos ellos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria, algo ilegal.
Un «castillo de naipes»
Para Rato, que ha leído íntegramente su declaración para no desviarse del mensaje ni un ápice, tal y como recoge Europa Press, su defensa ha sido eficaz presentando argumentos consistentes y pruebas, y considera que de esa forma ha dejado en evidencia «el castillo de naipes fabricado» tanto por la Fiscalía, como por la Abogacía del Estado y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.
Tras esto, ha puesto el foco en las diligencias practicadas por un juzgado de Tarragona relativas a ese despacho que fue fundado por Montoro, para indicar que, como dijo su abogada en su informe, lo que ha trascendido gracias a lo publicado por El Periódico de España permite saber «por qué» están en este juicio «y las circunstancias tan extrañas que han rodeado esta causa desde un principio».
Entonces, el exministro ha enumerado una serie de comunicaciones siguiendo un orden cronológico y ha aseverado que su «asombro y perplejidad» por esta causa encuentran explicación en las mismas.
«Estamos aquí porque el 21 de enero de 2015, el jefe de Gabinete del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el señor Felipe Martínez Rico, escribía el siguiente correo electrónico a Cristóbal Montoro: Santiago (Menéndez), director de la Agencia Tributaria entonces, quiere comentar contigo la situación fiscal de Rato. Tiene ahora indicios de que está procediendo al alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro. Puede comentarlo el jueves después del comité de dirección o después del Consejo de Ministros el viernes, como prefieras», ha leído Rato ante el tribunal.
Tras esa primera comunicación, Rato ha leído una segunda de 9 de febrero del 2015 también atribuida a Martínez Rico. «Una vez más, escribía este otro correo al ministro de Hacienda. Rodrigo Rato sí presentó la declaración. En la declaración 720 hemos pedido a la Agencia Tributaria la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir», ha continuado Rato.
Tras 56 sesiones, la Audiencia Provincial ha dado por concluida la vista tras la lectura por parte de algunos de los acusados –Rato; su excuñado Santiago Alarcó; el que fuera su mano derecha en Bankia, José Manuel Fernández Norniella; su secretaria Teresa Arellano; el abogado Domingo Plazas y el representante de Plazas Abogados– de las últimas palabras, que todos han aprovechado para agradecer al tribunal su actitud a lo largo de los cinco meses que ha durado el juicio.
Luego, se ha referido a unas declaraciones de 4 de abril de 2015 del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá a una agencia de noticias en las que, asegura, éste dijo que Rodrigo Rato se había acogido a la regularización fiscal. Ha matizado que ésta era información secreta que sólo podía conocer a través del ministro de Hacienda.
Tras esto, y de nuevo según recoge Ep, Rato ha indicado que esas comunicaciones son la razón de que él esté sentado en el banquillo de los acusados. «Tanto yo como mi familia hemos sido sometidos a un dolorosísimo y larguísimo procedimiento», ha lamentado, añadiendo que «se ha hecho sufrir también a cualquiera que se cruzó» en su camino, por el resto de encausados.
«Tanto yo como mi familia hemos sido sometidos a un dolorosísimo y larguísimo procedimiento»
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Rato once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios- por los que pide para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa. La Fiscalía solicita también que Rato indemnice con 7,75 millones de euros a la Agencia Tributaria.
Una estrategia de defensa «manipuladora»
En su informe final, la fiscal Elena Lorente afeó a Rato haberse querido convertir en el «instructor de la causa», aportando «trampantojos, trampas procesales y una estrategia de defensa manipuladora».
También lamentó no haber tenido la oportunidad de interrogar a Rato, que se negó a responder a las acusaciones, y atribuyó al exbanquero una «refinada técnica» para introducir en España fondos procedentes del extranjero.
La fiscal descartó que durante su mandato al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rato tuviera su residencia fiscal en Estados Unidos, como el sostiene, donde tiene la sede el organismo.
Asimismo, ha rechazado que cuando se acogió a la amnistía fiscal, en 2012, declarara todos sus bienes en el extranjero, ya que decidió acogerse a la misma «pero de forma controlada, acostumbrado como está a mandar y controlar y decide 'desopacarse'», tras lo cual abona al fisco español 11.000 euros.
Lorente ha defendido que las entradas y registros en el domicilio y el despacho de Rato se hicieron con todas las garantías, frente a las alegaciones de indefensión realizadas por éste, y ha recordado que el volcado de los datos de un dispositivo se hizo en su presencia asistido por su abogada.
Rato, por su parte, afeó a Hacienda y Anticorrupción que actuaran con total impunidad en lo relativo a su persona, que al contrario que otros contribuyentes ha tenido que demostrar que no posee determinados bienes y no al revés.
Desde el principio, el exvicepresidente ha defendido que los documentos que han manejado se consiguieron mediante una entrada y registro de su despacho y de su domicilio que fueron ilícitos.
La presidenta de la Sala, Angela Acevedo, ha aclarado antes de cerrar la sesión que no es probable que la sentencia salga en pocos días, pero que la Sala será lo más diligente posible.