Europa pone en un brete al Gobierno a cuenta de los interinos: los fondos europeos dependen de hacerlos fijos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto al Gobierno contra las cuerdas tras avalar la conversión a indefinidos de todos aquellos interinos que encadenan contratos temporales durante años. Se trata de un varapalo para el Ejecutivo por la chapuza legislativa a la que recurrió para garantizarse el desbloqueo de los fondos europeos.

Y es que Bruselas condicionó el primer desembolso de los fondos a que España redujera la temporalidad en la Administración Pública al 8 % en un momento en el que el 40 % de sus trabajadores se encontraban en situación de interinidad.

Para contentar a la Comisión, el Ejecutivo se sacó de la manga la Ley 20/2021 para la estabilización de este colectivo que permitía a los interinos pasar a ser fijos si llevaban al menos cinco años en el mismo puesto siempre y cuando cumplieran una serie de objetivos. Además, deberían completar un concurso de méritos, cuya dificultad variaría, cómo no, dependiendo de que la región en cuestión tuviera una segunda lengua oficial.

Tres años después, la ley ha demostrado ser papel mojado. Según los datos del BEPSAP, en julio de 2023 había un total de 1.115.738 trabajadores en situación de temporalidad, el 37,6 % de los casi 3 millones que acumula el sistema, repartidos principalmente entre las comunidades autónomas y las entidades locales. De ellos, casi 900.000 llevarían más de cinco años en sus respectivas plazas, incumpliendo lo que establece la propia legislación.

Las reclamaciones interpuestas acabaron en el Tribunal Supremo, que el pasado abril determinó «incompatible» con el sistema de Administración Pública, basado en los principios de «igualdad, mérito y capacidad» la conversión automática de estos interinos a fijos al no haber pasado por un proceso de oposición.

Ahora, la Justicia europea ha señalado que ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 cumplen con los requisitos de la Directiva Comunitaria al respecto. Es decir, que la legislación española permite perfectamente la estabilización.

En definitiva, el TJUE entiende que la referencia temporal es la no convocatoria de los procesos selectivos dentro de los plazos y que su posible cese se tiene que ajustar a las condiciones del resto de funcionarios.

Los interinos ya han superado un proceso selectivo, así que hacerlos fijos no vulnera el derecho interno

«Todos los interinos han tenido que superar un proceso selectivo, ya sea por oposición o concurso de méritos, por lo que la transformación de estos trabajadores no vulnera el derecho interno», señala Javier Araúz, abogado que ha llevado los casos de tres trabajadoras afectadas por esta situación.

Por ello, pide la paralización de los procesos de estabilización convocados al amparo de la ley, así como el paso a funcionarios de aquellos interinos «víctimas de abuso», eso es, que hayan encadenado contratos temporales en puestos para los que el Gobierno no convocó oposición pese a estar obligado hacerlo. Además, exige que el resto de personal temporal se acoja a las mismas causas de despido o cese que rigen para los funcionarios fijos o de carrera.

Balones fuera

El Gobierno ya ha dicho que esperará a que el Supremo se pronuncie al respecto, a pesar de que la decisión del TJUE es vinculante y ya resuelve el conflicto, pero la pelota está en el tejado de las administraciones, que son las que deberían hacer fijos a estos trabajadores. Escrivá, por su parte, asegura que va a regularizar este año a 300.000 interinos a pesar de que lleva dos años sin reunirse con las asociaciones de afectados.

En caso de que las administraciones no den el paso, Araúz recomienda presentar una reclamación administrativa y, si sigue todo igual, continuar con una demanda judicial. «Esperar a que otro tribunal se decida no es coherente y genera disfunciones», comenta el abogado. «Tenemos una plantilla muy envejecida y no es incompatible la estabilización de estos interinos con las plazas para los opositores. Si hay incumplimiento, la Comisión Europea tendrá que actuar», añade.

Bruselas, por cierto, aprobó ayer el desembolso de 10.000 millones de euros a los que restó 158 a la espera de que el Gobierno cumpliera con los objetivos del programa de impulso a la digitalización de las pymes. Veremos si no es el único recorte.