El Gobierno mantiene en vilo a 1,6 millones de personas ante el fin de las ayudas para pagar la luz

El próximo 30 de junio acaban las reducciones del bono social eléctrico incluido en el último decreto anticrisis y el Gobierno no ha revelado si prorrogará las ayudas, como ha hecho con el IVA de los alimentos. No se trata de un asunto baladí, ya que 1,6 millones de personas dependen de esta rebaja sobre la que el Ejecutivo no parece interesado en mover ficha.

El bono social de la electricidad es un descuento en la factura eléctrica para consumidores en situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad severa o en riesgo de exclusión incluido en el decreto por el que se aprobaron medidas de refuerzo de protección de consumidores.

Tras la prórroga del pasado año, el descuento se amplió a un 65 % para los consumidores vulnerables, y al 80 % en el caso de los vulnerables severos que cumplan con los requisitos. Además, aquellos en riesgo de exclusión social que están siendo atendidos por los servicios sociales que paguen menos del 50 % de la factura, no tienen que hacer frente al recibo y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Además, el bono de justicia energética incluye descuentos del 40 % sobre el mecanismo de fijación de precios, conocido como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), para aquellas «unidades de convivencia» cuya renta conjunta se sitúe entre los 12.600 y los 16.800 euros –entre 1,5 y 2 veces el IPREM a catorce pagas–, que encuadra a los beneficiarios del bono social.

Según los últimos datos del Miteco, correspondientes a abril de 2024, 1,67 millones de personas se beneficiaron del bono eléctrico, un 13,7 % más que en el mismo mes del año anterior pero muy lejos de los 2,5 millones de potenciales beneficiarios que el Gobierno calculaba que se acogerían a la medida.

Y es que las trabas burocráticas y la falta de información han sido una constante a lo largo de estos años. El Defensor del Pueblo alertó el pasado año que esta situación se agravaba entre los más mayores por la falta de competencias digitales y detectó fallos en el algoritmo del sistema que determina si los consumidores tienen derecho a percibir el bono.

Lo paradójico es que el PSOE fue especialmente guerrero por la falta de información con la que se encontraban los posibles beneficiarios cuando el partido de Pedro Sánchez se encontraba en la oposición. Lo cierto es que en los últimos años, si bien el bono ha estado más presente en los medios de comunicación, ha sido por los altos cargos que se han beneficiado de él.

Posible prórroga

El Gobierno anunció la semana pasada que llevará al Congreso la prórroga del IVA reducido para alimentos básicos, pero no quiso pronunciarse sobre el bono social eléctrico, con el consiguiente cabreo de distintos sectores que no entienden a cuento de qué se mantiene este misterio.

Ione Belarra, con precisión meridiana, ha afeado al Ejecutivo que tanta ansia por buscar «una foto y titular» le está llevando a acotar más en el tiempo las ayudas para personas vulnerables y así luego anunciar su prórroga como si se tratara «de una nueva medida».

«Me parece que son cuestiones suficientemente importantes como para que el Gobierno no mantenga en vilo a personas en esta situación de vulnerabilidad hasta el último minuto», ha añadido la secretaria general de Podemos, que ha exigido hacer indefinidas las ayudas.

En la misma línea se ha pronunciado la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que además ha pedido extender el bono a los empleados por cuenta propia.