Un Estado magnánimo con el robo

Con motivo del debate de si se debían o no mantener las ayudas al pago de la factura de electricidad a las familias vulnerables, una muy influyente periodista desde su programa vespertino defendía que se mantuviesen pero que no se financiasen a través de una cuota en el recibo del resto de consumidores, sino a través de los presupuestos generales. Lo llamativo no es su propuesta –técnicamente viable y sencilla de aplicar– sino su justificación; «que no se paguen (las ayudas a familias vulnerables) a escote por parte de los demás sino que el magnánimo sea el Estado; no nosotros».

En definitiva –piensa esta generadora de opinión– que cuando paga el Estado, no pagamos nosotros –los ciudadanos–. Ciertamente el argumento se sitúa en los arrabales del más rotundo de la hoy presidenta del Consejo de Estado cuando afirmó que «el dinero público no es de nadie» en el sentido de que no salía del bolsillo de ninguna persona física o jurídica.

Sorprende que la impunidad con la que va a quedar el delito de malversación de caudales públicos de los líderes del golpe separatista catalán de 2017 y los dirigentes del PSOE de Andalucía condenados por el caso de los ERE falsos, haya encontrado una escasa protesta en la opinión pública. Escasa en relación con la magnitud del dinero malversado. Escasa en relación con el precedente que sientan. No se entiende esa protesta tibia salvo que se compartan dos razonamientos económicos, uno erróneo y otro no tanto pero sí difuso.

El dinero público se paga con los impuestos de los contribuyentes actuales, con el de los que tendrán que devolver la deuda pública que fue necesario emitir

El error es pensar que el dinero malversado no era de nadie y, por tanto, a nadie se le sacó de su bolsillo. El dinero público no es de nadie, según esta equivocada visión de las cosas, o el Estado magnánimo financiando ayudas o campañas secesionistas, usa dinero que tampoco es de nadie. Naturalmente esto no sólo es falso sino que muestra una ignorancia financiera grave por parte de quien así razona. El dinero público se paga con los impuestos de los contribuyentes actuales, con el de los contribuyentes futuros que tendrán que devolver la deuda pública que fue necesario emitir o por los contribuyentes de otros países que financian las transferencias de fondos que España recibe de la Unión Europea. Unas transferencias que aun teniendo un destino final predeterminado acaban pagando las facturas más turbias.

Hay, sin embargo, un razonamiento no tan erróneo que explica la tibia protesta social a los indultos de los condenados por malversación de caudales públicos. Según este razonamiento el cobro ilegal de indemnizaciones por las personas despedidas en los falsos Expedientes de Regulación de Empleo con dinero procedente de la partida 31L de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, el cobro ilegal de indemnizaciones decimos, contribuyó a la paz social regional. Para no pocos fue un premio fin de una vida laboral paradójicamente ignota o sobredimensionada. Un premio laboral a los familiares de cargos políticos socialistas y líderes de los dos sindicatos mayoritarios tras una vida de estrecheces económicas viendo pasar delante y por televisión la vida de los ricos. La vida de los que ahora son excarcelados y vuelven a sus áticos millonarios de las millas de oro de Sevilla y Málaga.

En esta visión de las cosas, el dinero robado se daba por bien empleado si a cambio lograba una cómoda paz social que permitía llenar las terrazas y no molestar a la familia de la sombrilla de al lado en la quincena de veraneo.

El propio diseño legal de los falsos EREs tuvo un cierto aroma a bosque de Sherwood y a Robin Hood. Gobernando la Junta el presidente Manuel Chaves se diseñó un sistema de otorgamiento de subvenciones públicas a empresas y trabajadores que eludía los protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también exconsejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, firmaron el 17 de julio de 2001 un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica supondría saltarse todos los protocolos formales.

El procedimiento permitió cebar durante años (mucho antes del estallido de la crisis en 2008) la partida presupuestaria 31L con dinero público destinado a financiar prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo de empresas andaluzas en crisis.

Aquí el razonamiento es que si el coste de la paz social es dar por perdidos los millones empleados en financiar el referéndum ilegal, se dan por bien empleados

La Ley de Amnistía con su camino hacia el indulto de los malversadores separatistas ha tenido en su acogida a mucho partidario de la paz social. Aquí el razonamiento es que si el coste de la paz social es dar por perdidos los millones empleados en financiar el referéndum ilegal, se dan por bien empleados. Los hipotéticos beneficios superan al coste del dinero malversado. Naturalmente, este es un cálculo intuitivo pues sí fue posible cuantificar lo malversado pero es caprichosa la cifra que se le pone al beneficio de la paz social. Una paz social ficticia pues se basa en el comportamiento de quienes se demuestran determinados a «volverlo a hacer».

En el fondo y en la elaboración de su decisión, los responsables políticos sopesan los costes y beneficios de la malversación o del cohecho. Ahora los beneficios siguen siendo los mismos pero los costes desaparecieron. El Estado es magnánimo en la convicción equivocada de que usa un dinero que no es de nadie o en el cálculo fantasma de que el coste de dar por perdido lo robado es inferior al beneficio de indultar a los delincuentes. Lo que queda para el futuro es una autopista de incentivos para los próximos malversadores.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino