El ministro de Transportes, Óscar Puente.
El PP exige a Puente que explique en el Senado la incapacidad de Renfe para hacer frente a los retrasos
Desde el 1 de julio se devuelve el importe del billete por retrasos superiores a 90 minutos, frente a los 30 de antes
El PP ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el cambio de las reglas de puntualidad de Renfe, que desde el 1 de julio devuelve el importe del billete de sus trenes de alta velocidad en retrasos superiores a los 90 minutos, frente a los 30 minutos de antes.
El grupo popular, que ha registrado también la petición de comparecencia del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, por el mismo asunto, considera que se ha producido un «recorte de derechos» de los usuarios de Renfe, con la eliminación de las indemnizaciones del 50 % por demora de 15 minutos y del 100% por los retrasos superiores a media hora.
«Lamentablemente estamos ante una vuelta de tuerca más del Gobierno de Sánchez hacia los consumidores españoles, que pone de manifiesto su vampirismo recaudatorio, a costa de los españoles», denuncia en un comunicado su portavoz, Alicia García.
El Consejo de Administración de Renfe aprobó a mediados de junio una «actualización» del compromiso de puntualidad de sus trenes Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, para equipararse al resto de operadores de alta velocidad (Ouigo e Iryo) en cuanto a indemnizaciones por demoras, según la compañía.
Con el nuevo sistema, en vigor desde el 1 de julio, las compensaciones pasan a ser del 50 % para retrasos de más de 60 minutos y del 100 % para aquellos superiores a 90 minutos.
Además de la posibilidad de reembolso del dinero, se introduce la posibilidad de devolución del 200 % del importe al que se tenga derecho en puntos para usar en otros viajes y la de compensación en un vale de compra para otro billete equivalente al 150 % del importe indemnizable, tanto para retrasos de 60 minutos como para los superiores a 90 minutos.
La compensación por retrasos, que lleva aplicándose desde 1992, costó a Renfe 42 millones de euros en 2023, aunque si todos los viajeros que tenían derecho a ella la hubieran pedido el importe habría ascendido a unos 70 millones.
