La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Junts aplica a Trabajo su propia medicina y complica la reducción de la jornada laboral
El Ministerio está más cerca de llegar a un acuerdo con la patronal, pero el problema ahora es el trámite parlamentario
La negociación para la reducción de la jornada laboral entra en su momento clave. Después de varias semanas convulsas, Trabajo ha bajado el tono para intentar llegar a un acuerdo con la patronal lo antes posible y este miércoles se reúne con los agentes sociales. El problema es que los tiempos se agotan y no todos los socios del Gobierno están dispuestos a dar luz verde a la medida.
La propuesta estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura pende de un hilo, a pesar de haber acercado posturas con la patronal en los últimos días. El Ministerio aseguró que la reducción entraría en vigor el 1 de enero de 2025, pero todavía tiene que pasar el trámite parlamentario y cualquier retraso imposibilitaría el cumplimiento de este compromiso.
Trabajo ha ofrecido mayor «flexibilidad» para el reparto irregular de la jornada laboral, actualmente establecido en un 10 %, así como un agravamiento de las infracciones. Pero el principal motivo de discordia se encuentra todavía en la entrada en vigor.
La patronal ha pedido que esta reducción se vaya introduciendo a medida que se abran los convenios para evitar que alguna de las partes «aproveche» la situación, pero esto retrasaría la aplicación total de la reducción hasta el año 2030, algo que el Ministerio no está dispuesto a aceptar.
Otra cosa es que permita una demora hasta enero de 2026, cuando finalizarían los compromisos alcanzados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, documento al que la patronal siempre se ha remitido cuando le han exigido negociar la reducción de jornada o, como denuncian, «cambiar las reglas del juego en pleno partido».
Apoyo parlamentario
El problema ahora se encuentra en el apoyo parlamentario. Díaz aseguró la semana pasada que confía en el apoyo de PNV y Junts, pero todavía queda camino por recorrer. Mientras que los vascos parecen más dispuesto a facilitar su aprobación después de sacarle al Gobierno la prevalencia de los convenios autonómicos –además de que no afectaría demasiado a sus empresas–, con los catalanes no está claro.
Los nacionalistas catalanes advirtieron que la reducción debiera pactarse con los empresarios y las formas del Ministerio, con ultimátum de por medio, no han gustado. Por eso, han filtrado a través del presidente de Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, que votarán, de momento, en contra de la medida.
