Trabajo utiliza la excusa de la temporalidad para abordar el blindaje del despido al que aspira Yolanda Díaz

Con la relación con los empresarios pendiendo de un hilo, el Ministerio de Trabajo quiere abrir ahora el melón del blindaje del despido. Se trata de un asunto que podría romper definitivamente las relaciones con la patronal, muy deterioradas tras la imposición del salario mínimo interprofesional y reducción de la jornada laboral.

Según ha revelado la Cadena Ser, portavoz oficioso del departamento que dirige Yolanda Díaz, Trabajo ha emplazado a Economía, Seguridad Social, la oficina económica de Moncloa y los agentes sociales para la formación de una mesa en la que se discuta la necesidad de endurecer la reforma laboral para reducir la temporalidad.

Lo cierto es que la tasa de temporalidad se ha reducido a prácticamente la mitad (13,5 %) desde la entrada en vigor de la reforma laboral y se acerca al objetivo marcado por Bruselas del 8 %. Otra cuestión es que la duración de los contratos indefinidos esté por los suelos o que los fijos discontinuos y ciertas figuras para la extinción de contratos se hayan multiplicado.

Por eso llama la atención las prisas por tratar una cuestión que aparentemente no requiere demasiada urgencia. Y es que, con esta convocatoria, Trabajo quiere poner sobre la mesa el blindaje del despido, una medida que Díaz lleva tiempo sugiriendo abordar a pesar de las reticencias de sus socios de Gobierno.

La indemnización de despido por causas justificadas ascienda actualmente a 20 días de salario por año trabajado con el tope de una anualidad, mientras que en los casos no definidos son 33 días hasta las 24 mensualidades –45 días si los contratos se firmaron antes de marzo de 2012–. La idea de Trabajo es recuperar los 45 por año trabajado para todos.

La ministra ha defendido en varias ocasiones que el despido es «demasiado barato» y que no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea que establece «una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin una razón válida». Es, además, uno de los puntos clave de la de la hoja de ruta de CCOO y UGT para 2024.

El PSOE, sin embargo, considera que la actual regulación «ya es coherente» con dicha Carta y que el marco actual es «adecuado» ya que aporta «seguridad jurídica al sistema». Como señaló recientemente en una respuesta parlamentaria, «no se prevé una modificación de la regulación al respecto y, por consiguiente, no se estiman efectos particulares sobre colectivos vulnerables o sobre las pequeñas y medianas empresas».

Los expertos en derecho laboral ya han advertido que el blindaje del despido podría desembocar en un aumento de los expedientes de regulación de empleo. De hecho, ya se está observando un aumento de estos despidos colectivos, con 1.531 procedimientos y 51.739 trabajadores afectados.

Además, abriría un nuevo frente con la patronal, cuyas relaciones están dañadas después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, lanzara un ultimátum a la CEOE y Cepyme para que aceptaran sentarse a la mesa de negociación de la reducción de jornada, algo que estas organizaciones han rechazado ante la reiterada negativa del ministerio a escuchar sus propuestas.