Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria.
Varapalo de Bruselas a España por los interinos: el bufete que denunció anticipa fijeza automática y una multa millonaria
Navas & Cusí pone como ejemplo a Grecia para adelantar que, sin una respuesta contundente por parte del Ejecutivo, nuestro país puede afrontar una severa sanción
El nuevo toque de atención a España por la precariedad de los interinos puede acabar pasando una elevada factura a España. Navas & Cusí, el despacho que denunció la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público anticipa que España afronta una posible condena que obligaría a hacer fijos a los interinos de manera automática, además de una sanción millonaria.
Este jueves la Comisión Europea anunció la apertura de un expediente a nuestro país por no eliminar las condiciones de empleo discriminatorias de los trabajadores interinos del sector público. Bruselas exige a España que incorpore correctamente a la legislación nacional la directiva europea que prohíbe la discriminación de este tipo de empleados.
«Por un tema similar, hace seis años, Luxemburgo acabó condenando al Estado griego», según Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, especializado en derecho europeo. Sin una respuesta contundente y bien atada por parte del Ejecutivo, desde el bufete trasladan a El Debate que la condena a España «es casi segura».
«Si no hay una respuesta seria por parte del gobierno español en dos meses, Bruselas emitiría una carta motivada que es el paso previo formal a la denuncia ante Luxemburgo; por nuestra experiencia, cuando Bruselas denuncia ante Luxemburgo es porque lo tienen muy claro y muy amarrado y casi siempre lo ganan», según Navas.
Cerca de 800.000 interinos
La de este jueves es la tercera advertencia de Bruselas a cuenta de los interinos, tras las de 2015 y 2016. En paralelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también consideró, en una sentencia del pasado mes de febrero, que nuestro país no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal.
Desde el sindicato USO cifran en cerca de 800.000 el número de interinos que actualmente trabajan para las distintas administraciones en España. Bruselas entiende que estos trabajadores se ven discriminados respecto a los fijos, algo prohibido expresamente por la directiva 1999/70.
Esta discriminación se produce en aspectos como los permisos, el cálculo de la antigüedad y la carrera profesional. Entre los ejemplos más habituales destaca el despido en período de vacaciones, habitual entre el profesorado interino. «Eso está prohibido en la directiva», según Conchi Rodríguez Fariña, presidenta de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (EPA), asociación que ha denunciado al gobierno de España ante Bruselas de la mano de Navas & Cusí.
Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), difundida este viernes, las Administraciones Públicas cuentan con 1.030.400 trabajadores temporales, lo que supone una tasa de temporalidad del 29 %, cuando el compromiso es de que dicha tasa se reduzca al 8 % a finales de este año.
