El Gobierno desoye a la justicia europea y esperará a que el Supremo decida si hace fijos a los interinos públicos

El Gobierno se encuentra en un importante atolladero. Garantizó a Bruselas a través de una ley de estabilización que reduciría la temporalidad en la Administración Pública al 8 %, una exigencia clave para el desembolso de los fondos europeos, pero la tasa se mantiene todavía en el 37,6 %. La justicia europea ya ha apremiado al Ejecutivo a que tome medidas, pero este no quiere mover ficha hasta que el Supremo se pronuncie, a pesar de que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es vinculante.

La Ley 20/2021 permitía la estabilización las plazas de interinos que llevaran, al menos, cinco años en el mismo puesto siempre y cuando se cumplieran una serie de objetivos y cumplieran un concurso de méritos. Pero el caos normativo acabó con muchas solicitudes en los tribunales, que fueron elevando los casos hasta que el Supremo se pronunció el pasado abril declarando «incompatible» la conversión automática de interinos a fijos al no haber pasado por un proceso de oposición.

El TJUE, en cambio, sentenció la semana pasada que aquellos interinos de la Administración que encadenen varios contratos temporales deben convertirse en indefinidos con el objetivo de «castigar y prevenir abusos en el sector público». «Todos los interinos han tenido que superar un proceso selectivo, ya sea por oposición o concurso de méritos, por lo que la transformación de estos trabajadores no vulnera el derecho interno», comenta al respecto Javier Araúz, abogado que ha llevado los casos de tres trabajadoras afectadas por esta situación.

Ahora la pelota está en el tejado de las administraciones, que tienen que empezar estos procesos de conversión a indefinidos. Sin embargo, Gobierno y comunidades autónomas han decidido esperar a la interpretación que hagan los tribunales españoles al fallo de la justicia europea. «Nosotros lo vemos con mucha normalidad», señalan desde el Gobierno ya que se tratan de situaciones «individuales».

No le falta razón al Ejecutivo. Se trata, concretamente de 1.115.738 situaciones individuales, que es el número total de trabajadores temporales en el sector público, principalmente en las comunidades autónomas.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Bepsap), 733.853 personas se encuentran en situación de temporalidad a nivel autonómico a julio de 2023, sin contar con el personal de las universidades públicas, y solo Ceuta, con una tasa del 11,18 %, se acerca razonablemente al 8 % exigido por Bruselas.

El resto de comunidades tiene tasas disparadas, destacando especialmente Canarias (59,35 %), País Vasco (56,57 %) y Comunidad Valenciana (51,3 %) donde más de la mitad de sus trabajadores se encuentran en situación de temporalidad.

Lo paradójico es que las administraciones tienen un problema «urgente» de personal, como denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ante la jubilación de la mitad de las plantillas en los próximos diez años, plazas que se sumarán a las 47.000 sin cubrir en la actualidad. Pero el Ejecutivo ya ha dejado claro que esperará a que se pronuncien los tribunales.