Crece el temor entre los propietarios a alquilar una vivienda por la inseguridad jurídica ante la okupación

A finales del año 2022, había en España 78.800 viviendas ocupadas según datos del Colegio de Economistas de Cataluña y del Institut Cerdà. Y solo en 2023 hubo más de 15.000 denuncias más por okupación ilegal, según datos difundidos por el Ministerio de Interior, manteniéndose la magnitud de un problema que tuvo un crecimiento sostenido durante los años anteriores.

De hecho, en los cinco años de legislatura de Pedro Sánchez, el número de allanamientos y de usurpaciones de inmuebles ha aumentado un 17 % en comparación con los siete años que estuvo Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Ha pasado, en total de 67.263 registrados entre 2012 y 2018 (Sánchez tomó posesión en julio) a 78.741 allanamientos o usurpaciones entre 2019 y 2023.

Esto junto con la nueva ley de vivienda, que ha alargado aún más los procesos judiciales para desalojar a un okupa, ha alejado a los propietarios del mercado del alquiler. «Muchos propietarios están sacando sus inmuebles del mercado de alquiler debido al miedo de no poder recuperarlos en caso de impago y a los extensos procedimientos legales que esto implica», alerta Abel Marín, abogado y socio del bufete Marín & Mateo Abogados.

Otro de los problemas que detecta es que muchos de los inquilinos pueden declararse vulnerables y, por tanto, estar protegidos ante los desahucios. «Solo hace falta que la cifra del alquiler más los suministros supere el 35 % de los ingresos de los inquilinos para declararse vulnerables», advierte Marín.

Y aunque la normativa prevé proteger a los colectivos vulnerables, el abogado de Marín & Mateo Abogados considera que está teniendo un «efecto contraproducente», ya que «la disminución de la oferta de viviendas en alquiler hace que los precios suban, expulsando del mercado, especialmente, a las personas más desfavorecidas».

Incertidumbre por las compensaciones

Aunque los arrendadores pueden solicitar compensaciones económicas por la suspensión de desahucios, la realidad difiere de la teoría. «Hay mucha incertidumbre entre las comunidades autónomas, que asumen esta responsabilidad», indica Abel Marín, porque todavía no hay un presupuesto asignado para estas compensaciones.

Marín sostiene que «las leyes actuales se inclinan a favor del derecho a una vivienda digna», aunque en la Constitución también se garantice el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, se plantea una situación compleja sobre cuál debe prevalecer, con una consecuencia final: se dinamita aún más la crisis de la vivienda.