El veto del Gobierno a la OPA a Talgo: argumentos risibles y arbitrariedad descarada

Pocos días atrás, el Gobierno nacional vetó la OPA (Oferta Pública de Adquisición) a la empresa Talgo por parte de un grupo de inversores húngaros. Lo hizo basado en el análisis de la interministerial Junta de Inversiones Exteriores, alegando cuestiones «insalvables de seguridad nacional y orden público».

Hagamos memoria. En marzo último, ese grupo de inversores húngaros hizo una oferta para comprar el 100 % de las acciones de Talgo, que cotizan en la bolsa, a un precio que superaba en un 18 % la última cotización. El desembolso total ascendería a € 620 millones. Recibida la oferta, el Consejo de Administración de la empresa la aceptó, lo mismo que sus principales inversores.

Es decir, que los dueños de una empresa se pusieron de acuerdo con un comprador interesado en comprarla; una transacción comercial totalmente legítima y normal. Salvo para el sanchismo-leninismo: pocos días después de conocida la oferta, el ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró que haría «todo lo posible» para que la operación no se concretara. Dado que ni el Gobierno ni Óscar Puente eran accionistas de Talgo, esa declaración del ministro, no desautorizada, fue un evidente y descarado ataque al derecho de propiedad.

EL DEBATE recoge que la decisión de vetar la OPA se basa en un informe del CNI, donde se señalarían los mencionados riesgos. Obviamente, el informe es «reservado», por lo que no podemos conocer su contenido. Dado que hablamos del mismo Gobierno que en medio de la emergencia sanitaria más grave en décadas fue capaz de inventar la existencia de un «comité de expertos» sobre cuyas opiniones decía basar sus decisiones (un bulo de dimensiones astronómicas), permítanme ser escéptico sobre la existencia misma del informe mencionado.

En todo caso, que se aleguen cuestiones de «seguridad nacional y orden púbico» cuando al mismo tiempo se permite la entrada de miles de inmigrantes ilegales que no se sabe quiénes son, entre los que podría haber ladrones y violadores, resulta tragicómico. El mismo Gobierno que retiene un tiempo en las Islas Canarias y luego traslada a la península (con la complicidad de los gobiernos autonómicos), un poco a escondidas, a esos inmigrantes ilegales, no tiene la menor autoridad para hablar de esos riesgos.

Para el gobierno, Talgo es una empresa «estratégica», lo que desde su óptica da más sentido al veto. Pero no podemos olvidar que se trata del mismo gobierno que declaró «estratégica» a Plus Ultra, una empresa venezolana de aviación con tres aviones. De ahí que haya razones para pensar que, en verdad, la declaración como «estratégica» de cualquier empresa por parte del gobierno de Sánchez es apenas un comodín, que se aplica según lo que se considere necesario.

De momento, el papel de la Comisión Europea ha sido lamentable, avalando el veto porque lo considera una «prerrogativa del Gobierno». La misma Comisión que prepara normas para unificar la velocidad máxima en las autopistas europeas (es decir, que se mete hasta en los rincones más pequeños de la vida cotidiana), no tiene nada que decir frente al veto a un acuerdo legítimo entre empresarios de países miembros, que claramente viola el espíritu fundacional de la UE y las «cuatro libertades» (libre movimiento de personas, mercancías, servicios y capitales). Un papel que deberían recordar los incautos que aún creen que la UE es un «freno» a las malas decisiones del Gobierno. La verdad es la opuesta: al menos mientras Von der Leyen esté al frente de la Comisión, hay que apostar a que avalará cualquier cosa que haga su socio Pedro Sánchez.

Talgo es dueña de una tecnología que permite que los trenes se adapten automáticamente a diferentes anchos de vías, agilizando la marcha y evitando los trasbordos. El riesgo para la «seguridad nacional» sería que «los rusos» podrían hacerse con esa tecnología a través de los húngaros y así atacar Ucrania más fácilmente. La sospecha es inverosímil: si «los rusos» necesitaran esa tecnología, la habrían comprado antes o inmediatamente después de su invasión a Ucrania, pero no dos años y medio más tarde.

El veto es sencillamente una muestra de la arbitrariedad del Gobierno, impropia de un Estado de Derecho, que pone en cuestión el derecho de propiedad y limita la libertad individual (como mínimo, la de los accionistas de Talgo). No será gratis: otros empresarios preferirán terceros países antes de aventurarse a invertir en España. Pero como nunca sabremos el monto y los empleos perdidos por las inversiones que no se harán, el sanchismo-leninismo dirá que habrá defendido la seguridad nacional. Y habrá millones de ingenuos que aún le creerán.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)