Sánchez se escuda en que Europa avala los impuestos a los ricos pese al fracaso mundial en su aplicación

Pedro Sánchez ha asegurado en una reunión con diputados y senadores del PSOE que su gobierno «va a seguir combatiendo los regalos fiscales a las grandes fortunas, unos regalos de los que la derecha presume, a pesar de que son reprobados por organismos como la Comisión Europea o la OCDE». Lo que no cuenta Sánchez es que solo cuatro países de este último organismo mantienen este impuesto: Colombia, Noruega, España y Suiza, según se refleja en un estudio publicado este verano por la asociación Tax Foundation.

En la década de los noventa, una docena de países mantenían algún tipo de impuestos sobre el patrimonio, pero la mayoría de ellos lo fueron derogando a comienzos de este siglo ante el temor a que, en un mundo globalizado, llevaran sus fortunas a otros lugares. Francia, por ejemplo, eliminó este tributo en 2017 después de perder unas 60.000 grandes fortunas entre 2000 y 2016, según datos de New World Wealth.

Actualmente, solo Noruega, Suiza y España mantienen este tipo de impuesto en Europa, aunque el resto cuenta con algún tipo de carga fiscal sobre el patrimonio o la riqueza. De la OCDE, además de los anteriormente citados, Colombia es el único que tiene un gravamen al uso.

Noruega introdujo esta medida con un tipo marginal de referencia del 1,1 % a las fortunas superiores a los 2,4 millones de euros que supondrían unos doce millones de ingresos al año. Sin embargo, este gravamen provocó un éxodo de multimillonarios a Suiza que supusieron unas pérdidas desde 2009 en concepto de salida de patrimonio neto de 3.000 millones de euros, según el diario Dagens Naeringsliv, y de 50 millones en caída de los ingresos públicos.

Y es que esta medida es particularmente improductiva para los gobiernos. En el caso noruego, apenas el 1 % de la recaudación procede de los impuestos sobre el patrimonio, a pesar de ser uno de los países con mayores rentas del planeta.

Suiza, destino de estos millonarios noruegos, también cuenta con un impuesto sobre el patrimonio en función del cantón. Sin embargo, ofrece interesantes ventajas en otros aspectos, por lo que las grandes fortunas ven compensadas las pérdidas y el gobierno sigue recaudando importantes cantidades.

Tax Foundation ha denunciado que los impuestos sobre el patrimonio generan una doble o incluso triple tributación

Este tipo de gravamen, además de ser poco efectivo en cuestión de recaudación, «tiene un elevado coste de gestión y alienta la fuga de contribuyentes adinerados y de su capital», aseguran desde Tax Foundation. También reconocen que los impuestos elevados sobre el capital y el patrimonio frenan el crecimiento económico.

El impuesto sobre el patrimonio genera una doble o incluso triple tributación. «Para inversiones de bajo riesgo, como es el caso de los depósitos a plazo, un impuesto sobre el patrimonio del 2 % o 3 % puede apropiarse del total de los intereses generados, haciendo que los ahorros a largo plazo no generen beneficios», explican desde este observatorio.

Grandes fortunas

En España, cada autonomía tenía competencia para regular este impuesto. Esperanza Aguirre, durante su etapa al frente de la Comunidad de Madrid, decidió bonificarlo al 100 %, ejemplo que fue seguido posteriormente por las regiones gobernadas por el PP durante el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ello, el presidente decidió crear el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que obligaba a todas las comunidades a aplicar esta tributación sobre los patrimonios a partir de tres millones de euros.

Por el momento, y aunque fue prorrogado en diciembre del pasado año, se trata de un gravamen temporal, pero el Gobierno de coalición busca hacerlo permanente. Incluso Sumar ha propuesto reducir el mínimo sobre el que recaiga la tributación a un millón de euros.

Desde Tax Foundation advierten que la coexistencia del impuesto en nuestro país sobre el patrimonio con el impuesto sobre las ganancias de capital absorbe todo el rendimiento de los activos gravados y, al ahorrar, el valor real del patrimonio se reduce. Además, desincentiva el emprendimiento, traduciéndose en menor innovación y menor crecimiento económico a largo plazo. Un impuesto sobre el patrimonio «reduce los salarios, destruye empleos y disminuye el stock de capital. Tanto las clases altas como las bajas se verán afectadas por el impuesto sobre el patrimonio a través de la reducción de la actividad económica», concluyen.