España se arriesga a perder hasta el 15 % de los fondos UE en pleno frenazo de las ayudas

La falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo amenaza con convertirse en un freno para la llegada de los fondos europeos. En los próximos meses el Gobierno de Pedro Sánchez deberá aprobar más de una docena de reformas de calado, de las que dependen hasta 25.000 millones de euros de los 163.000 adjudicados a España, el 15 % del total.

España tiene aún 414 hitos y objetivos de inversión pendientes de cumplir para desbloquear los próximos tramos del plan de recuperación. De cada uno de ellos depende un pago de unos 158 millones de euros, calculan los expertos de la consultora LLYC. Un importe que se puede llegar a multiplicar por cuatro o por cinco en el caso de las reformas de mayor calado.

«Al Gobierno español le resulta más complicado aprobar las reformas que hacer las inversiones, sobre todo las reformas legislativas, por la difícil formación de mayorías en el Congreso para aprobar leyes y Reales Decretos-Leyes», apuntan a El Debate fuentes de LLYC. Sobre los primeros, están pendientes 158 hitos, mientras que en el caso de los objetivos de inversión faltan por cumplir 256.

En año y medio de legislatura, Pedro Sánchez apenas ha logrado que el Congreso le convalide siete Reales Decretos-Leyes. Entre medias, ha tenido que posponer medidas de calado como la reforma de la Ley del Suelo o la senda de déficit, el primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, considerados la ley más importante del año.

«Los desembolsos sucesivos de los fondos NextGen están condicionados al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Muchos de estos objetivos están vinculados a reformas normativas (de distinto rango) que se han ido ejecutando desde la aprobación del plan y su evaluación favorable por las instituciones europeas, si bien quedan varias reformas pendientes», corrobora José Amerigo, socio de Regulatorio de PwC Tax&Legal. Para finales de 2024, detalla, están comprometidas varias legislaciones, la mayoría de ellas ya en tramitación parlamentaria, como los proyectos de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, Ley de servicios de atención a la clientela, Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero o Ley de eficiencia procesal.

«Antes de proceder a los desembolsos, la Comisión verifica que se han cumplido los hitos y objetivos, por lo que, en aquellos casos en los que el compromiso esté relacionado con la entrada en vigor de una reforma de rango legal, el hecho de que en sede parlamentaria dicha reforma no se apruebe, o no se convalide, en el caso de utilización del Real Decreto-Ley, conlleva un incumplimiento que puede acarrear la dilación del desembolso», añade Amerigo.

El Gobierno ya tuvo que encajar el recorte de 158 millones del cuarto tramo del plan de recuperación al incumplir un objetivo menor, referente al Kit Digital. Aún hay margen para recuperar dichos fondos si España logra cumplirlo antes de que expire 2024.

Entre 12 y 14 grandes reformas

El problema es que, según estiman desde LLYC, el Ejecutivo tiene que aprobar entre doce y catorce medidas de calado para acceder a los pagos íntegros del quinto y sexto desembolso. Y las opciones son limitadas, aunque los expertos consultados consideran que podría acelerar los trámites si finalmente logra apoyos para los Presupuestos (colando varias reformas en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos) o introducirlo mediante enmiendas en otros proyectos legislativos que tengan asegurada la mayoría, como hizo con la eliminación de competencias al Senado a través de la Ley de Paridad.

Para acceder al quinto pago íntegro, que debería haberse solicitado a partir de finales de 2023 –aunque el plazo se podía prolongar en al menos otros seis meses– falta que las Cortes validen la Ley de Servicios Sociales o la Ley de Diversidad Familiar. El pasado jueves la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó que el Ejecutivo está trabajando ya en dicho desembolso, que tiene como una de las patas clave la reforma fiscal. Tanto Economía como Hacienda consideran que dicha reforma ya se ha producido, mientras que Sumar, socio del Gobierno del PSOE, discrepan y exigen nuevas subidas impositivas.

El PSOE y Sumar discrepan sobre la reforma fiscal, uno de los puntos clave del quinto pago

Para pedir el sexto desembolso (algo que debería producirse este año), el Ejecutivo tiene que conseguir que las Cortes respalden la creación de nuevo organismo público de evaluación; la Ley de Industria; la Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud; o Ley sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

También las medidas legislativas y reglamentarias para reforzar los derechos de autor y derechos conexos; la Ley del Cine; la modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; y la mejora de la concesión de autorizaciones para la producción de energía renovable y la infraestructura de la red eléctrica. Superados dichos trámites, quedarían los vinculados al séptimo tramo, entre los que destaca la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público y la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés.

«Evidentemente, si se incumplen objetivos por no ejecutarse a tiempo los proyectos a España se le descontarían las cifras correspondientes», afirman desde LLYC. Otra posibilidad, además, es que el Gobierno no logre asignar los fondos excedentes de otras partidas, que según la consultora podrían superar los 17.000 millones de euros adicionales.

«Tampoco ayuda a la consecución de hitos que precisan de gasto público (como contrataciones públicas o subvenciones) la ausencia de Presupuestos, si bien, además de la prórroga de los precedentes, figuras como los créditos extraordinarios o los suplementos de crédito pueden salvar dicha ausencia», apunta por su parte José Amerigo.

Cabe resaltar, además, el pobre avance de los fondos europeos este año, con apenas un 11,51 % de pagos realizados según datos de la Intervención General del Estado (IGAE). La cifra es aún más discreta que la registrada en 2023 o en 2022, cuando se alcanzó un 15,99 % y un 19,75 %, respectivamente, según datos recopilados por el economista Santiago Sánchez.

«La incapacidad del gobierno y su parálisis provocan que hasta agosto solo se hayan liberado pagos por 4.180 millones de euros, el 11,5 % de los presupuestado para este año. Este dato además no es ejecución», afirma Sánchez en X. «La inversión privada está estancada y no hay avances significativos en productividad o digitalización del país».