Trabajo y patronal retoman la reducción de jornada al borde de la ruptura

El Ministerio de Trabajo se reúne este viernes con sindicatos y patronal en el enésimo encuentro para abordar la reducción de jornada, una mesa de diálogo virtualmente rota después de que Yolanda Díaz haya anunciado que tramitará la medida a través de un anteproyecto por vía de urgencia.

Tras el espectáculo ofrecido por el Ministerio el pasado mes de julio, con un ultimátum de por medio, el fin del verano trajo un cambio en la retórica, no así en las posturas. La vicepresidenta ha asegurado que hay «margen de acuerdo» y los empresarios que seguirán negociando, pero lo cierto es que las cartas están marcadas y es prácticamente imposible que alcancen algún acuerdo. Ni ahora, ni más adelante.

La situación es la siguiente: Trabajo se comprometió a cerrar la reducción de jornada antes de que termine el año para que su aplicación «dura», la de 37,5 horas semanales, entre en vigor a partir del 1 de enero, mientras que la patronal quiere que la disminución se negocie a través de los convenios de empresa —como siempre se ha hecho— y no se va a mover de esa postura. Y los sindicatos, inquietos, han trasladado sus exigencias a la calle con manifestaciones ante las sedes provinciales de las organizaciones empresariales.

Ahora solo queda ver quién rompe el diálogo y es la patronal quien tiene las mejores cartas. CEOE y Cepyme llevan semanas retrasando deliberadamente la firma con el objetivo de que los plazos de la tramitación parlamentaria impidan su aprobación a partir de 2025. Díaz, por su parte, ha anunciado que la reducción se realizará como un anteproyecto de ley en trámite de urgencia.

El frágil equilibrio político que ha sostenido a Pedro Sánchez estos meses podría romperse en este asunto. Fuentes sindicales creen que la patronal ha llegado a un acuerdo con Junts para «boicotear» la medida y amenazan con más movilizaciones si no se aprueba la reducción.

Tampoco está clara la postura del PNV. La mayoría de convenios colectivos del País Vasco ya recogen jornadas de 37,5 horas —algunos incluso por debajo— y cuesta creer que su apoyo le vaya a salir gratis al presidente.

En esta tesitura, la vía de urgencia puede ser un arma de doble filo: si bien permite la reducción de los plazos a la mitad, la presentación de enmiendas puede alargar indefinidamente el proceso si el Gobierno no tiene la mayoría. Esto ocurrió con el anteproyecto de la ley de vivienda, que tardó en un año en tramitarse a pesar de pasar por la vía de urgencia.