El Gobierno aprueba, con seis meses de retraso, el protocolo LGTBI que obligará a reabrir los convenios de empresa

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el protocolo LGTBI impulsado por Yolanda Díaz que obligará a las empresas en un plazo de tres meses a planificar medidas y destinar recursos para alcanzar la igualdad efectiva de este colectivo en el ámbito laboral. Se trata de un polémico texto que llega con seis meses de retraso y que obligará a las empresas a abrir cientos de convenios colectivos.

«Este es el XX Acuerdo de Diálogo Social, de carácter tripartito, y les tengo que decir que somos absolutamente un país a la vanguardia en los derechos de las personas LGTBI, no solo en Europa, sino en el mundo», ha señalado la ministra tras el Consejo de Ministros.

Este real decreto está incluido dentro de la ley trans, aprobada hace más de un año. Esta norma establece que las empresas de más cincuenta trabajadores deberán contar «con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI», incluyendo un protocolo de actuación «para la atención del acoso o la violencia» contra estas personas. En el caso de las empresas de menos de cincuenta empleados, su implementación será voluntaria.

En concreto, este plan obligará a las empresas a incluir planes con el objetivo prioritario de «prevenir, corregir y eliminar toda forma de discriminación» en materia de empleo así como la implantación progresiva de «indicadores de igualdad» que tengan en cuenta «la realidad de las personas LGTBI» en el sector público y el privado. También incluye la promoción de medidas «en las convocatorias de subvenciones de fomento del empleo».

Las empresas deberán incluir en sus planes de formación módulos específicos sobre este colectivo y se considerarán como sanciones «muy graves» lo ataques a la libertad sexual de los trabajadores.

Las empresas deberán negociar estas medidas en un plazo de tres meses, que se ampliará a seis en el caso de no contar con convenio colectivo. Esto obligará a reabrir cientos de acuerdos de empresa, una circunstancia que la patronal quería evitar a toda costa y que se podría repetir dentro de unos meses si finalmente sale adelante la reducción de jornada que exige el Ministerio de Trabajo.

Plazos

Los empresarios temen que los sindicatos aprovechen el poco plazo disponible para esta renegociación de convenios para incorporar asuntos ajenos a la medida. «Resulta paradójico», señalan desde PwC, «haber dejado pasar un plazo de un año para un desarrollo reglamentario absolutamente imprescindible». «Se trata de un mandato de difícil cumplimiento, buscando demostrar el interés que se tiene en la cuestión de los derechos de estos colectivos, pero que tiene pocas posibilidades de cumplirse en sus propios términos, y que va a generar muchos problemas innecesarios», añaden.

Desde la consultora hacen referencia a que la ley trans establecía un plazo de un año para el desarrollo del real decreto sobre los protocolos. Sin embargo, las diferencias entre los distintos interesados acabaron retrasando su aprobación tres meses respecto a la finalización del plazo, y otros tres en la decisión del Consejo de Ministros.

De hecho, desde Plataforma Trans, una de las asociaciones con más fuerza dentro del colectivo LGTBI, denunció su veto de la redacción del texto y acusó a la ministra de Trabajo de estar mintiendo «anunciando un protocolo que no existe».