España gana dos laudos de las renovables por falta de jurisdicción de los tribunales arbitrales

Victoria española contra dos de los reclamantes por el recorte retroactivo de las primas a las renovables. Tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha apreciado, en dos laudos dictados el pasado 11 de octubre, que carece de jurisdicción para conocer disputas de inversión entre inversores de la UE y España.

Según ha trasladado en un comunicado el Ministerio de Transición Ecológica, es la primera vez que tribunales del CIADI aprecian falta de jurisdicción en disputas de inversión dentro del territorio europeo. Los inversores, Sapec S. A., domiciliada en Bélgica; y la danesa European Solar Farms (ESF), exigían una compensación de 72 millones de euros de indemnización y otros ocho millones adicionales en costas.

Estas decisiones «cierran el debate sobre supuestas distinciones de tratamiento entre los tribunales constituidos bajo las reglas CIADI y las reglas de dicha Cámara», afirma Transición Ecológica. El ministerio resalta que, hasta la fecha, España ha conseguido anular ante los Tribunales suecos tres laudos en los que los tribunales arbitrales apreciaron de manera errónea su jurisdicción para conocer de disputas de inversión europeas.

España, representada por la Abogacía del Estado, se anota así una victoria en el largo y prolijo camino legal por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Según los fondos reclamantes, nuestro país afronta fallos contrarios por un importe de 1.562 millones de euros, y otros 323 millones en concepto de intereses de demora y costas.

Problemas en EE. UU.

Pero mientras en Europa el camino se torna más favorable, en EE.UU. la justicia americana ha dado pasos en el sentido contrario. Según una decisión conocida a finales de septiembre, que afectaba a la reclamación de la japonesa JGC Corporation, la Corte de Distrito de Estados Unidos rechaza las alegaciones del Gobierno español en los que se argumentaba que el tribunal arbitral carece de jurisdicción y su incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea.

«Con el fallo del caso JGC, se refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y se abre la puerta a nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido», trasladaron entonces desde la representación legal de las empresas demandantes, que suman cerca de medio centenar a nivel internacional.

Teresa Ribera y el actual gobierno español han optado por impagar los laudos contrarios a los intereses españoles, lo que ha llevado a España a situarse como el país con mayor número de laudos impagados a nivel internacional, por delante de Venezuela y Rusia.

La situación se remonta a la época de José Luis Rodríguez Zapatero, que en plena crisis económica optó por recortar de forma retroactiva las jugosas primas que su propio gobierno ofrecía por invertir en energías renovables. Un recorte en el que posteriormente profundizaría la reforma del sector ejecutada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

La principal consecuencia ha sido una catarata de reclamaciones arbitrales en los tribunales internacionales, que en algunos casos ha derivado en el embargo de bienes españoles como la sede del Instituto Cervantes en Londres.