UGT demanda a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que la vivienda sea un derecho

UGT ha registrado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa una reclamación colectiva contra el Reino de España por incumplir la Carta Social Europea en su artículo 31, que establece que «toda persona tiene derecho a vivienda».

Así lo han anunciado en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, y la responsable de Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia.

«Esta demanda es una demanda contra el Reino de España y, por tanto, es una demanda que implica a todas y cada una de las Administraciones competentes en esta materia, que no es sólo el Gobierno del Estado, sino que fundamentalmente lo son las comunidades autónomas y lo son los ayuntamientos en nuestro país», ha explicado Álvarez.

El dirigente sindical ha subrayado que, en la medida en que la Carta Social Europea mantiene el derecho a la vivienda como un derecho propio de los ciudadanos de la UE en los países adheridos a este tratado, UGT pretende con esta reclamación que se pueda ejercer el derecho a la vivienda ante las administraciones públicas españolas competentes.

Para Álvarez, resulta «evidente» que «los gobiernos no están haciendo lo suficiente» para resolver el problema de la vivienda en España, pues, por ejemplo, en el caso de las habitaciones del alquiler, dependiendo de las ciudades, se llega o incluso se superan los 500 euros mensuales.

«Es evidente que no se está haciendo lo suficiente, es evidente que hay que tomar nuevas medidas que deberían de ser coordinadas, pero, en todo caso, si no se pueden coordinar, todos los gobiernos tienen la obligación de ir tomando medidas cada uno desde su ámbito, de acuerdo con sus competencias y sus posibilidades, para poder abordar esta dramática situación».

Por su parte, Luján ha explicado que, con esta reclamación colectiva, el sindicato ha decidido impulsar iniciativas jurídicas para que se pueda ejercer el derecho a la vivienda en España, «que se encuentra claramente amenazado».

La reclamación del sindicato, de 64 páginas y presentada la semana pasada, expone que España incumple lo establecido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada que establece la vivienda como un derecho.

«Nuestra Constitución recoge como un derecho en su artículo 47 el derecho a la vivienda. Sin embargo, no ha sido un derecho que se haya podido ejercitar, sino que se ha convertido en un principio rector de la política económica y social en nuestro país (...) Nosotros, con esta reclamación, queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda en nuestro país para que deje de ser política de vivienda y se convierta en un derecho a la vivienda», ha explicado Luján.

El vicesecretario general del sindicato ha señalado que si la reclamación prospera, el derecho a la vivienda «será un derecho que se podrá implorar, que se podrá pedir ante los tribunales en el momento en que cualquiera de las Administraciones Públicas niegue a las personas este derecho».

Luján ha criticado que la Ley de Vivienda puesta en marcha por el Gobierno de coalición «no tiene mandatos imperativos», pues se utilizan demasiado verbos como «favorecer, impulsar, fomentar, contribuir o, sobre todo, podrán».

«No hay nada imperativo, se están marcando principios que podrán ejercitarse o no, pero desde luego que no llevan aparejados el ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda», ha denunciado.

Luján ha criticado que no se haya incluido a los sindicatos en la configuración del Consejo Asesor de la Vivienda creado en la Ley, y ha señalado que las comunidades autónomas legislaron sobre la vivienda, casi todas ellas, antes de la Ley de Vivienda y al albur de la crisis financiera de 2008.

«Las leyes autonómicas que hemos examinado y que recogemos en nuestra reclamación no recogen compromisos de financiación, no recogen tasas estimadas de crecimiento, no recogen plazos precisos para su realización. Uno de los plazos que más nos ha llamado la atención de la Ley de Vivienda es que se pretende llegar al 20 % de vivienda social, pero dentro de veinte años. No podemos esperar veinte años», ha avisado Luján.

Además del artículo 31 de la Carta Social Europea sobre el derecho a la vivienda, la reclamación de UGT invoca otros derechos recogidos en este tratado relacionados con el ejercicio del derecho a la vivienda, como los derechos de las familias y de los jóvenes.

En este sentido, ha considerado «alarmante» que dos tercios de las personas de entre 18 y 34 años aún viven con sus padres y únicamente el 16,3 % de los jóvenes de entre 16 y 29 pueden permitirse vivir de manera independiente.

Asimismo, UGT ha denunciado que la media de edad en la que se emancipan las personas jóvenes en España supera ya los 31 años y la media de las personas jóvenes con casa en propiedad es ahora la mitad de lo que era en 2007, antes de la crisis financiera.

Otros datos aportados por UGT apuntan a que el alquiler mediano establecido en España supera los 950 euros mensuales, lo que, con un salario mínimo de 1.134 euros al mes, provoca que en determinadas zonas de España un joven tenga que destinar más del 100 % de lo que recibe en tener una posibilidad de vivienda.

«Eso no es posible, esto no es aceptable. Tiene el Estado ya que intervenir», ha defendido Luján, que ha advertido de que si el Estado no interviene en el mercado de la vivienda, «hay riesgos extraordinarios de pobreza».

Actuaciones prioritarias

Más allá de esta reclamación contra España, Pepe Álvarez ha argumentado que España necesita «más acuerdo entre las administraciones competentes y menos debate» sobre cosas que no llevan realmente al fondo del problema de la vivienda.

En ese sentido, ha defendido como «absolutamente necesario» un gran acuerdo entre las administraciones competentes. «En pocos temas en nuestro país están tan fragmentadas las competencias como es el caso de la vivienda y, por tanto, requerimos ese esfuerzo de consenso, ese esfuerzo de acuerdo para que, repito, a corto, a medio y a largo plazo, este problema no se convierta en un problema gravísimo desde el punto de vista social», ha afirmado Álvarez.

El líder de UGT ha denunciado que las medidas que se han ido tomando para solucionar el problema de la vivienda no han dado hasta ahora resultados. «Al contrario, vemos que cada día es más difícil el poder acceder a una vivienda», ha señalado Álvarez, que ha indicado que las subidas salariales de los últimos años, especialmente de los salarios más bajos, se han ido «por el sumidero» por el desborde de los precios de la vivienda.

Para el líder de UGT, aunque la Constitución ya reconoce que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda, esta demanda ante el Comité Europeo aportará, desde el punto de vista jurídico, nuevos instrumentos para reclamar el derecho a la vivienda.

El dirigente sindical ha defendido la adopción de diferentes medidas para contribuir a solucionar el problema de la vivienda. Así, aboga por intervenir «de inmediato» el mercado, respetando los derechos de los pequeños tenedores de vivienda; limitar los precios de la vivienda, y generar confianza para que las viviendas vacías puedan ser alquiladas.

En este punto, ha sugerido que esta mayor confianza podría conseguirse con la creación de empresas públicas que permitan que los arrendatarios no tengan ningún tipo de duda a la hora de poner su vivienda en el mercado del alquiler, garantizado su renta y el estado de su inmueble.

A medio plazo, el secretario general de UGT ha pedido liberar suelo para disponer de un parque público de viviendas. Álvarez también ha afirmado que la vivienda formará parte de las exigencias de UGT de mejora de los salarios en la negociación colectiva.