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Los pescadores en pie de guerra: «No se puede vivir trabajando solo 130 días»

Los pescadores en pie de guerra ante el duro golpe que supone para el sector el nuevo acuerdo de la Unión Europea sobre pesca, lo que va a suponer la reducción de los barcos de arrastre de España de un 66%.

Desde Bruselas defienden que si los pescadores del Mediterráneo aplican medidas sostenibles podrán salir 130 días al mar como en este 2024. Para eso, de los 12 mecanismos de compensación se calcula que en España podrán aplicar seis. Aún así, los pescadores siguen indignados con esta medida y reclaman que con cuatro meses de trabajo ninguna empresa sale a flote.

El nuevo modelo que plantea la Unión Europea es un duro golpe para estos pescadores que tienen que asumir costes elevados durante todo el año para sacar adelante su negocio, mantener los barcos y los empleos. Por eso, les preocupa que con estas nuevas medidas haya barcos que no puedan salir más a faenar. José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, recoge bien las quejas del sector: «Salir a faenar 130 días al año no es rentable para ninguna empresa, tampoco para los pescadores», el problema está en que «muchas embarcaciones se quedan amarradas en el puerto y no salen a faenar».

Esta situación está mermando la capacidad de contratación del sector que ve su desventaja con respecto a terceros países como Marruecos o Argelia.

Si miramos al Atlántico, esta nueva norma también afecta a los barcos que pescan en estas aguas. Hablamos con José Carlos Macías de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. En su caso, se solidarizan con el resto del sector «que no está pasando un buen momento», y lamentan «las nuevas medidas introducidas desde Bruselas». En su caladero lo que les afecta es la cuota del boquerón, y muestran su satisfacción con que «no se haya recortado la cuota de boquerón un 56% tal y como se planteaba en septiembre». Cuenta que de las 10.000 toneladas de la campaña anterior, se queda en 7.000 este año.

Macías critica que «la flota y las lonjas tienen que asumir unos costes elevadísimos para cumplir con todos los requisitos que mandan desde la Unión Europea» y lamenta que «todo lo que entra de otros países fronterizos como Marruecos o de Argelia no tienen que cumplir con estas normativas».

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