Los fondos europeos o el errático comodín económico del Gobierno
Da igual si el dinero no está llegando a la economía real, si se está gastando mal o si el exceso de burocracia no hace más que retrasar los pagos
El relato económico del Gobierno está plagado de contradicciones. Son tantas que empezamos a perder la cuenta, pero hay una que resulta especialmente sangrante y que tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado. Según marchen las negociaciones con los socios de investidura —que no de legislatura—, el argumentario monclovita se retuerce a conveniencia dando por sentados unos apoyos que no se tienen o quitando hierro a la segunda prórroga de las cuentas públicas de 2023. Y es en ese segundo caso donde recurren al comodín de los fondos europeos. Casi tan cacareado como el de Franco, el «Francomodín», aunque bastante menos efectista porque números y propaganda nunca se han llevado del todo bien.
El mantra más repetido por Pedro Sánchez y sus correligionarios es que el Ejecutivo de coalición aguantará hasta 2027, ya que tiene suficiente gasolina para gobernar con el dinero del Next Generation EU, el mayor instrumento de estímulo jamás financiado por la Unión Europea. Da igual si el dinero no está llegando a la economía real, si se está gastando mal o si el exceso de burocracia no hace más que retrasar los pagos. Poco les importa que no se estén cumpliendo las previsiones de actividad de la inversión privada o que un montante tan elevado se escape en gastos de gestión, como venimos atestiguando prácticamente desde el verano de 2021.
A las pruebas del traslado de remanentes de fondos no ejecutados de un año al siguiente nos remitimos. O a lo que ha sucedido en el recién despedido 2024, que se cerrará muy probablemente como el peor ejercicio en la ejecución del Next Gen. Los últimos datos del Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) indican que hasta noviembre se realizaron pagos por valor de 7.538 millones de euros, que a duras penas alcanzan el 22 % del total comprometido para el conjunto del año. Nos encontramos ante la cifra más baja desde que se empezaron a distribuir estos recursos. E inquietan, además, otras muchas cosas. Entre ellas, que el desembolso de Industria, un ministerio clave para la articulación de proyectos de futuro, se sitúe en un exiguo 9,23 %. ¡Y todavía les extrañará que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea cuestione la aptitud de España a la hora de aprovechar esta oportunidad única para transformar y modernizar la economía!
Lo cierto es que la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) siempre fue una muestra de la evidente incompetencia y falta de visión estratégica del Gobierno. Desde el principio, cuando comenzábamos a despertar de la pesadilla de la pandemia. Los actores implicados en los primeros PERTE ya advertían por aquel entonces de la falta de personal en las diferentes administraciones públicas. Y nunca han dejado de criticar que los proyectos se hayan diseñado sin contar ni con las comunidades autónomas ni con el sector privado, lo que hace que no respondan a las necesidades reales de nuestro tejido productivo.
Me pregunto si la orden de no actualizar la información procede de Moncloa o es decisión de Ana Cristina Peña, la actual directora general de fondos europeos
Pero lo peor seguramente sea la opacidad que siempre ha presidido el proceso, complicando sobremanera la evaluación de los resultados. Visto el caos, la plataforma COFFEE, aquella de la que tanto presumía la vicepresidenta Montero, se sustituyó hace poco por una nueva llamada Elisa; «bonito nombre para una tapadera», según juzgó en su momento Eva Potcheva. Hay que agradecer a la ex eurodiputada de Ciudadanos, por cierto, su incansable trabajo de divulgación sobre el desempeño de los fondos europeos. Amén de que fue ella quien impulsó una enmienda en el Parlamento Europeo para que se publiquen de forma obligatoria los 100 primeros beneficiarios del Plan de Recuperación. Sánchez no lo está cumpliendo, dicho sea de paso. Me pregunto si la orden de no actualizar la información procede de Moncloa o es decisión de Ana Cristina Peña, la actual directora general de fondos europeos tras las renuncias de Esperanza Teba, Jorge Fabra y antes Rocío Frutos.
¿Por qué saldrán todos huyendo del cargo? Elijan ustedes la explicación que consideren o todas a la vez. Porque los riesgos de fraude y errores de gestión están a la orden del día. Porque unas inversiones que podrían estar generando empleo de calidad y modernizando nuestra economía siguen atrapadas en una burbuja de burocracia inconcebible. Porque la falta de claridad en la definición de los hitos y objetivos que el Gobierno vende a Bruselas están afectando gravemente a la eficiencia en la ejecución de los proyectos. Porque la inversión privada, que debería estar complementando el impulso de los recursos, sigue estancada. Por esas y otras razones no hay quien aguante más de un puñado de meses al frente de la Dirección General de Fondos Europeos.
Y todavía pretenden que nos traguemos el cuento de que Sánchez puede seguir en la Moncloa hasta 2027 «con o sin apoyo del Parlamento», como dijo él mismo en septiembre, gracias al comodín del Next Generation.
